El 3 de mayo del año pasado, 2021, aproximadamente a las 22:22 horas, el tramo elevado de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México, entre las estaciones Olivos y Tezonco, colapsó dejando un saldo 26 personas fallecidas y al menos 90 personas heridas.
A grandes rasgos el dictamen final, tanto de la Fiscalía como de la empresa externa que se contrató, apunta a que todo ocurrió por pernos mal ubicados, mal soldados e incluso pernos faltantes, fallas en la construcción que ocasionaron cargas para las que no estaban diseñadas las vigas estructurales.
Pero ¿quiénes resultaron como responsables? ¿qué ha pasado con los responsables? A un año de esta tragedia, vámonos por partes….
El inicio de las investigaciones
Un día después del accidente, durante una conferencia, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció que se haría un peritaje independiente por parte de la empresa noruega Det Norske Veritas (DNV), mientras que la Fiscalía General de Justicia capitalina anunció el inicio de dos investigaciones: una por homicidio culposo y otra por daño en propiedad ajena.
Para los peritajes que se llevaron a cabo, la Fiscalía explicó que se pidió el apoyo de ingenieros topógrafos, civiles y estructurales especializados en aceros, así como de geólogos especialistas en hundimientos para los estudios de geotecnia, mecánica de suelos, cálculo estructural y resistencia de materiales. Además, que se revisarían los contratos de obra y supervisión, así como bitácoras de mantenimiento tanto para la empresa constructora como para la supervisora.
¿Quién construyó? Durante el segundo trimestre de 2008, la Dirección General de Obras para el Transporte del entonces Distrito Federal asignó el proyecto para la construcción de la Línea Dorada (de Mixcoac a Tláhuac) a la empresa Carso Infraestructura y Construcción y Subsidirarias (CICSA, junto con ICA y la francesa Alstom. En su momento la empresa de Grupo Carso anunció que esperaría el resultado de los peritajes y aunque posteriormente llegó a acuerdos de reparación del daño y de reconstrucción, nunca ha aceptado ser el responsable del desplome.
Los responsables, los acuerdos y las denuncias
El 14 de octubre de 2021, la titular de la Fiscalía de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, presentó los resultados de la investigación por el colapso y explicó que la investigación se dividió en dos principales componentes: el peritaje de la Fiscalía para determinar las causas y el deslinde de responsabilidades de personas morales y físicas, tanto particulares como exservidores públicos.
La Fiscal Godoy afirmó que tras las investigaciones y los resultados periciales, se determinó que las personas imputables por homicidio, lesiones y daño a la propiedad serán personas físicas y morales, pero, en el caso de personas morales, el asunto se llevaría por medio de acuerdos reparatorios.
Cuatro días después de esta conferencia, la Fiscalía anunció denuncias por homicidio contra 10 personas físicas:
- Enrique Horcasitas, exdirector del Proyecto Metro
- Juan Antonio Giral y Mazón, exdirector de Diseño de Obras Civiles
- Moises Guerrero Ponce, exdirector de Construcción de Obras Civiles
- Héctor Rosas Troncoso, exsubdirector de Obra Civil del Proyecto Metro
- Enrique Baker Díaz, exsubdirector de Ingeniería y Proyecto de Diseño de Obra Civil
- Guillermo Leonardo Alcazar Pancardo, ingeniero civil Director Responsable de Obra
- Ricardo Pérez Ruiz, corresponsable en Seguridad Estructural
- Juan Carlos Ramos Alvarado, ingeniero civil
- Fernando Amezcua Ordaz, supervisor de la obra civil del tramo elevado
- Fernando Ramiro Lalana, subdirector de ingeniería y proyecto Metro
Algunos de los acusados afirmaron, por medio de sus abogados, que todo se trataba de una persecución política en contra de exfuncionarios del Proyecto Metro que no eran responsables de la construcción de la obra pero que las empresas sí eran responsables.
¿Y la responsabilidad de las empresas? En octubre del 2021 Claudia Sheinbaum informó que su administración habría llegado a un acuerdo con la empresa constructora CICSA para reparar el tramo elevado colapsado y para aportar recursos a un fondo de atención a víctimas lesionados aunque “la empresa no estaba de acuerdo con algunas cosas del peritaje“. También afirmó que las otras empresas involucradas se estaban acercando a la Fiscalía para llevar a cabo los convenios correspondientes.
En un mensaje publicado el 2 de febrero de 2022, la fiscal de la Ciudad de México anunció que ya se habían logrado acuerdos reparatorios con 80% de las personas que sufrieron lesiones y los familiares de quienes fallecieron. Además, hizo un llamado a las víctimas que aún no firmaban el acuerdo repertorio a acercarse a la Fiscalía. Hasta el momento ya son 96% de las víctimas.
Aunque los acuerdos repertorios no son públicos, una persona cercana a las negociaciones, citada por El País, explicó que las compensaciones para las víctimas van desde los 400 mil hasta los 6 millones de pesos dependiendo del nivel de afectación. Estas cifras no han sido confirmadas de manera exacta. Pero va de nuez, la empresa no ha aceptado que sea responsable de la caída del tramo elevado.
¿Cómo va el asunto de los exfuncionarios acusados?
El 3 de diciembre del año pasado las 10 personas acusadas acudieron ante el juez para la audiencia inicial, sin embargo la aplazaron hasta el 7 de marzo para que los representantes legales de las víctimas revisaran el acuerdo que el gobierno de CDMX firmó con las empresas, incluido Grupo Carso.
Llegado marzo, la Fiscalía capitalina solicitó el aplazamiento de la audiencia de nuevo para el 2 de mayo.
Cuando llegó la fecha, sucedió de nuevo: se acordó que la audiencia se aplazaría una vez más. Esta vez para el próximo 6 de junio.