Por Estefanía Ayala

Las personas que habitamos el estado de Jalisco estamos cada vez más conscientes de que el agua es indispensable para vivir. Por eso, sostengo que no debería ser tratada como un recurso económico más, sino como un requisito básico que debemos defender para preservar la vida de las personas y el equilibrio ecológico. Esta lección aprendimos de la peor forma posible. Valoramos más el agua cuando no todas las personas podemos hacer uso de ella. 

A principios del mes de marzo, los habitantes de la Zona Metropolitana de Guadalajara nos enteramos, por comunicados oficiales de nuestras autoridades, de que el nivel de agua de la Presa Calderón había disminuido. Por tal motivo, tanto SIAPA como el gobierno del estado de Jalisco comenzaron a ejecutar una serie de medidas paliativas ante los cortes de agua que 200 colonias de la ZMG estamos sufriendo. 

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Foto: Pixabay

Lo anterior nos condujo a semanas de solicitar pipas gratuitas que no llegan o demoran días en visitar las colonias afectadas, al acarreo de baldes desde la calle hasta los hogares y a una profunda desesperación por intentar llevar a cabo las tareas más básicas: asearnos, limpiar el hogar, cocinar, usar el baño. Todo esto en medio de la pandemia de covid-19 que, adicionalmente, nos exige mantener condiciones mínimas de higiene que son imposibles de cumplir sin agua. Mientras ésta es la realidad en la que vive el 14% de la ciudadanía del AMG y también algunos de los municipios del interior del estado de Jalisco, vemos que otros actores sociales no están padeciendo restricciones en su uso del agua.

Poco hemos oído sobre una estrategia con medidas de manejo de la crisis que comprometa en mayor medida al sector privado, fundamentalmente a aquella parte que más uso hace del líquido vital. De acuerdo con la Ley del Agua para el Estado de Jalisco y sus municipios, el gobierno estatal tiene la responsabilidad de administrar el agua dentro del territorio de la entidad. También tiene la capacidad de aprovechar la infraestructura hídrica y los bienes privados, así como establecer límites, para garantizar el derecho al agua de la población (Gobierno de Jalisco, 2007).

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Foto: Pixabay

Es así que, mientras la ciudadanía sufre la privación de una condición básica para vivir, muchas personas nos preguntamos si hasta ahora ha sido adecuada la forma de administrar el uso del agua en refresqueras, grupos cerveceros, inmobiliarias y otras industrias de diversos giros.  Sabemos que en su operación se compromete un gran volumen de agua, poca de la cual llega a ser tratada para reutilizarse. De este modo, reparamos en el nivel de impacto ambiental y social del que algunas empresas están siendo partícipes con su huella hídrica y convenimos en la necesidad de integrarlas en las rutas de soluciones.

Hasta aquí, sólo he hablado del impacto de la falta de agua para los seres humanos. Pero cabe recordar que, cuando hablamos de vida, no sólo hablamos de nosotras, las personas, sino también debemos integrar a la flora y la fauna y junto con ellos a todo el conjunto de relaciones que permiten que la naturaleza siga en pie. La pregunta aquí es: cuando peleamos por el agua: ¿estamos pensando también en nuestros compañeros no humanos? 

Hay un problema grave cuando pensamos el agua como un recurso económico. Si creemos que lo es, podrían tener acceso a ella quienes generen mayores riquezas, beneficios o servicios utilizándola. De esa lógica se desprende que sea preferible que una gran industria pueda disponer de un suministro considerable de agua —derrochando litros para producir— mientras que todo un conjunto de colonias de personas debamos tolerar tandeos y cortes. La comunidad que habita el estado de Jalisco, aparentemente, produce menos con el agua; por tanto, la merece en menor medida. Si esta falaz distribución ocurre entre seres humanos a los que se les extiende o se les niega el “privilegio” de usar el agua, ¿qué pasa entonces con los ecosistemas que también dependen del agua para mantener el equilibrio de la vida?

Hay soluciones fragmentarias que siguen en la lógica del agua como recurso económico. Estas visiones empujan alternativas como generar nuevas presas en lugares cada vez más remotos. El fin es brindar agua y contener la disconformidad social de quienes injustamente fuimos privados del suministro. No obstante, seguiríamos pensando que somos los clientes de un gran sistema —el Estado— que debe garantizarnos algunos servicios por los que pagamos, como el agua. Pero esto no es suficiente e incluso nos conducirá a nuevos problemas. ¿De dónde pretenderán extraer más agua? ¿A qué comunidades se les despojará de una condición básica para vivir? ¿Qué consecuencias traerá en el paisaje, el suelo y las vidas de animales y plantas que también dependen de esa agua para preservarse? 

Si no pensamos en todos los seres que dependemos de un adecuado manejo del agua, el problema lejos, de terminarse, se hará peor. No busquemos expandir las regiones en condición de sequía por lograr unos meses más viviendo con agua, pero en radical indiferencia el equilibrio ecológico. Pensemos el agua como una condición indispensable para la vida, no como un recurso económico. Partiendo de esa mirada nuestras estrategias y soluciones no solo serán más justas, sino también más integrales.

Si el agua es una condición para la vida humana y no humana, entonces también es un derecho básico que ninguna institución pública o privada nos puede negar. Bajo este enfoque, el agua es un elemento natural que hemos de defender a toda costa porque de ella depende la vida de todas las criaturas que cohabitamos en la Tierra. Por eso, las soluciones tendrán que contemplar la complejidad y no exclusivamente los intereses de aquellos que estén dispuestos a pagar por cooptar una de las condiciones más básicas para la vida. 

Referencias
  • Gobierno de Jalisco (2007). Ley del Agua para el Estado de Jalisco y sus Municipios. En línea en: https://cutt.ly/rxRKTJN.

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