Por Javier Medina

Los contextos que se viven dentro de los municipios que habitamos son variados y existen muchos aspectos para resaltar dentro del espectro ambiental. La urbanización, los cambios de uso de suelo, la generación de residuos, las aguas residuales, generación de emisiones a la atmósfera, consumo y abastecimiento de agua, ruido y deforestación son algunos de los temas que más llaman nuestra atención y que se encuentran en la opinión pública.

Con frecuencia, los municipios se enfrentan a la complejidad de atender un sinnúmero de requerimientos y necesidades que contrastan con limitaciones presupuestarias, operativas y en algunos casos sobre competencias. No todo lo que sucede dentro de un municipio puede ser atendido y resuelto —enteramente— por un gobierno municipal. No obstante, las respuestas siempre se encontrarán en la búsqueda constante de soluciones, teniendo como fines primordiales la integridad y funcionalidad de los ecosistemas y el bienestar y salud de las personas. Para ello, los municipios cuentan con dos principales herramientas: los instrumentos de política ambiental y, para este caso específico, la aplicación de instrumentos de regulación.

Los municipios están facultados para desarrollar procesos de impartición de justicia por vía administrativa. Cuentan con autonomía para vigilar y hacer cumplir los aspectos contenidos dentro de su reglamentación; asimismo, para vigilar el cumplimiento de disposiciones estatales y federales desde un enfoque de vinculación institucional. Para cumplir con este objetivo, se pueden desarrollar actividades de verificación y de inspección y vigilancia ambiental. Más allá de eso, como instancia gubernamental, los municipios cuentan con una gran oportunidad de ser cercanos a las personas; es decir, compartir conocimiento y educar sobre las responsabilidades que toca asumir en lo colectivo.

zapotlán

Zapotlán, Jalisco

En lo que respecta a temáticas ambientales, y sólo por señalar algunos aspectos, los municipios cuentan con facultades para abocarse de manera directa a las siguientes funciones y competencias: agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales; limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos; calles, parques y jardines y su equipamiento así como ordenar su territorio.

En colaboración con instancias estatales y federales tienen injerencia en la vigilancia, protección y restauración de ecosistemas forestales; formulación de planes de acción para adaptación y mitigación al cambio climático; la atención de emergencias y contingencias ambientales. En general, los municipios participan en la regulación de actividades productivas, industriales y de construcción para que éstas se desarrollen apegadas a usos de suelo adecuados y estén orientadas a la prevención y control de la contaminación hacia los ecosistemas.

En lo que refiere a los delitos contra el ambiente contenidos en los códigos penales locales, tendrán participación en la aportación de elementos que den cuenta de la comisión de dichos delitos.

Para el caso del estado de Jalisco, se prevén como delitos: la contaminación o alterar perjudicialmente la flora, fauna, ecosistemas, el suelo, la atmósfera o las aguas de jurisdicción estatal o que generen daños a la población; la exploración, extracción y procesamiento ilícita de minerales y sustancias geológicas; iniciar o provocar un incendio sin las medidas de precaución necesarias y que éste rebase los límites del terreno del que la persona sea propietaria o posea y que dé lugar a un daño generalizado; promover, subsidiar o dirigir hechos lesivos al ambiente; asentar datos falsos con el fin de simular el cumplimiento a la legislación ambiental local y el almacenamiento, transformación, transporte, comercio o destrucción ilegal de recursos forestales maderables.

 ¿Qué necesitamos para contar con procesos de justicia ambiental municipal efectivos?
  • Fortalecer las capacidades institucionales y operativas de los municipios. Algo que sólo puede lograrse dotándoles de presupuestos solventes; igualmente, de conocimientos a las y los funcionarios públicos.
  • Dentro de sus organigramas, contar con un área específica que conozca y desahogue procesos de justicia ambiental municipal.  
  • Capacidad de vinculación con otros municipios para la atención de problemáticas que rebasen el territorio. Además, vinculación con instancias estatales y federales.
  • Emprender políticas de comunicación y educación ambiental enfocadas en la prevención.
  • El establecimiento y aplicación de sanciones que inhiban o reparen los daños ocasionados al ambiente.

El cuidado de nuestro entorno y capital natural se da desde nuestros espacios más cercanos. Apostar por la protección efectiva del ambiente es apostar por el futuro; proteger las posibilidades de desarrollo de ésta y de las próximas generaciones. La agenda ambiental es una impostergable. Su aplicación efectiva requiere de distintos elementos; entre ellos, instrumentos de regulación que hagan realidad el derecho de las personas de habitar entornos sanos, seguros y armónicos.

*****

Javier Medina es abogado por la Universidad de Guadalajara con enfoque en políticas públicas y medio ambiente. Militante de Futuro.

Twitter: @javier_medinaP

Comentarios

Comenta con tu cuenta de Facebook