Este lunes 22 de enero, Héctor Díaz Santana, titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), indicó en conferencia de prensa que esta instancia atraerá la investigación sobre la presunta triangulación de recursos en Chihuahua durante la administración del priista César Duarte Jaquez. El titular del organismo afirmó que se cumplirá la ley, se realizará una “investigación profesional”, conforme al debido proceso, y que, en caso de que exista responsabilidad, se actuará conforme a derecho.

Esta institución atrae la investigación por que es su trabajo, no queremos omisiones ni encubrimiento, pero sí sería un precedente para que durante el proceso electoral partidos políticos y candidatos se conduzcan estrictamente obedeciendo la ley. El tema del financiamiento público a los partidos es una demanda ciudadana y un aspecto fundamental para garantizar la equidad de la contienda electoral”, afirmó el fiscal Díaz Santana.

El titular de la FEPADE indicó que están en espera de que la Fiscalía de Chihuahua remita las investigaciones en curso para esclarecer los hechos y sancionar en materia penal electoral. Esto implicaría, de acuerdo con Reforma, que en caso de que personajes involucrados en la trama, como Beltrones o Videgaray, sean llamados a declarar, lo tendrán que hacer frente al organismo adscrito a la Procuraduría General de la República (PGR).

Héctor Díaz Santana, titular de la Fepade

¿Por qué la FEPADE atrajo el caso?

A mediados de diciembre, el periódico Reforma publicó las declaraciones de Jaime Herrera Corral, exsecretario de Hacienda de Chihuahua, en las que afirmaba que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), entonces encabezada por Luis Videgaray Caso, había avalado la triangulación de recursos públicos a campañas estatales del Partido Revolucionario Institucional (PRI). De acuerdo con el exfuncionario del gobierno chihuahuense, el Comité Ejecutivo Nacional (CEN), bajo las órdenes de Manlio Fabio Beltrones, y la SHCP acordaron desviar más de 250 millones de pesos en 2016 para destinarlo a campañas electorales priistas.

Este lunes, el fiscal electoral indicó que la dependencia decidió atraer el caso debido a su competencia para investigar el desvío de recursos, sin importar si son estatales o federales, con fines electorales, la facultad exclusiva de fiscalizar los recursos asignados a los partidos políticos, además de tener la obligación de investigar dos denuncias penales interpuestas por Morena y el Partido Acción Nacional (PAN) ante el Instituto Nacional Electoral (INE).

Díaz Santana fue nombrado fiscal electoral por el pleno del Senado de la República el pasado viernes 15 de diciembre tras la destitución de Santiago Nieto Castillo por “transgredir lo dispuesto en el código de conducta” de la Procuraduría General de la República.

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