Las primeras denuncias sobre la construcción de un helipuerto ilegal en un edificio ubicado en avenida Nuevo León aparecieron hace casi un año. Nadie las peló. A las autoridades, de distintos órdenes, no les importó que la obra no contara con los permisos requeridos para ser construida u operar; las labores continuaron. A raíz del sismo de magnitud 7.1 que sacudió y devastó la Ciudad de México, los síntomas de la corrupción se hicieron evidentes. El edificio marcado con el número 238 resultó dañado por el movimiento telúrico. La cosa no terminó ahí, durante el bamboleo afectó a las estructuras que tenía en sus cercanías: el 230, el 240 y otro ubicado Quintana Roo 144.

Alrededor de 50 familias tuvieron que ser desalojadas de sus hogares ante el riesgo permanente de que el inmueble con el helipuerto se derrumbe. La negligencia le ha costado su vivienda a decenas de vecinos de la Hipódromo Condesa.

 

Ayer, 2 de octubre, personal del Gobierno de la CDMX y del Instituto para la Seguridad de las Construcciones determinaron que el helipuerto, construido de manera clandestina y casi casi a hurtadillas, tendrá que ser demolido por poner en riesgo a los demás edificios y a sus ocupantes. Los peritos determinaron —¡oh, sorpresa!— que el 238 es inhabitable. En la misma condición se encuentra el 230, donde hay 15 departamentos. A través de un comunicado se informó que la Secretaría de Obras y Servicios iniciará el retiro de dicha obra esta misma semana. El inmueble fue asegurado por la Procuraduría General de Justicia capitalina.

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De acuerdo con el diario Reforma, el inmueble con el helipuerto había sido clausurado por el Instituto de Verificación Administrativa (INVEA) y la delegación Cuauhtémoc. Los vecinos denuncian que, a pesar de los endebles sellos de clausura, las obras continuaron su rumbo. La construcción tenía que demolerse desde febrero, no obstante, la empresa propietaria del inmueble promovió un recurso ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la CDMX para que esta no procediera. Una investigación del portal Animal Político reveló que el helipuerto de Nuevo León 238 está a nombre de la empresa Helipuertos de Puebla SA de CV; este no cuenta con autorización para operar.

Esta empresa tiene como socios a Hugo Hernández Pérez y Rosalba Cisneros Cordero. Datos del Registro Público de la Propiedad ubican como administradores generales a Julián Manuel Ventosa Aguilera y Julián Ventosa Tanus. Los involucrados no han brindado declaración alguna sobre el caso. Las autoridades no han comunicado cómo apoyarán a las familias desplazadas por la negligencia.

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