Lo que necesitas saber:
Al igual que CDMX, varios estados han aprobado la Ley Ingrid aunque con diferencias en su aplicación.
Distintos estados de México han aprobado —desde 2021— la Ley Ingrid con el objetivo de evitar la vulneración a la dignidad e intimidad de las personas vía la difusión masiva de imágenes. Sin embargo, vale la pena saber que esta ley no aplica de la misma manera.
¿Qué estados han aprobado la Ley Ingrid y cuáles son los alcances de estas reformas?
Por acá les explicamos un poco porque las leyes no son las mismas, aunque tengan el mismo propósito.
¿Qué es la Ley Ingrid?
Es una serie de reformas o cambios en los códigos penales que tiene como objetivo evitar la revictimización de las personas, a través de su exposición en medios o plataformas.
La idea es prohibir la difusión de información sensible relacionada con los casos.
Y que justo llegue a vulnerar los derechos de las víctimas (así como seres queridos o familiares) y les exponga a un segundo tipo de violencia: la mediática.
Esta ley —que en realidad, es una serie de cambios a los códigos penales— fue creada a raíz del feminicidio de la joven Ingrid Escamilla.
El caso de Ingrid Escamilla
El 9 de febrero de 2020, Ingrid Escamilla Vargas fue asesinada por su pareja en la alcaldía Gustavo A. Madero en CDMX.
Dos años más tarde, el sujeto fue declarado culpable y sentenciado a 70 años de prisión por feminicidio.
Sin embargo, en medio del proceso, surgieron protestas ciudadanas contra la filtración de las imágenes del caso.
Y es que, poco después del feminicidio, comenzaron a publicarse imágenes filtradas del crimen, lo que en un primer momento movilizó a la gente en redes para darle la vuelta a esas fotografías. ¿Cómo?
Publicando de manera masiva y viral fotos de paisajes, ideas y momentos contrarios a la violencia ejercida contra Ingrid.
La gente publicaba fotos de paisajes con el nombre de Ingrid Escamilla para contrarrestar las imágenes filtradas.
Y se realizaron manifestaciones para exigir una justicia integral en el caso: es decir, la investigación del feminicidio pero también para pedir a las autoridades que detuvieran las filtraciones que vulneraron a Ingrid y su familia.
De esta manera, Ernestina Godoy —en ese entonces fiscal de CDMX— presentó una iniciativa para sancionar la filtración de imágenes de víctimas de delitos en la ciudad.
Ley Ingrid en Ciudad de México
En 2021, el Congreso de CDMX comenzó con el análisis de la iniciativa de Godoy que, a grandes rasgos, buscaba hacer unos cambios al artículo 293 del Código Penal de la ciudad.
Al final, el Congreso de CDMX aprobó esta iniciativa con el artículo 293 quáter del capítulo II del Código Penal referente a delitos en el ámbito de procuración de justicia.
Es decir, con aplicación a servidores o funcionarios públicos de Ciudad de México.
El artículo 293 quáter ordena de 2 a 6 años de prisión y una multa de 500 mil UMAs a los servidores públicos que “de forma indebida”:
“Difunda, entregue, revele, publique, transmita, exponga, remita, distribuya, videograbe, audiograbe, fotografíe, filme, reproduzca, comercialice, oferte, intercambie o comparta imágenes, audios, videos, información reservada, documentos del lugar de los hechos o del hallazgo, indicios, evidencias, objetos” relacionados como un proceso penal.
Como sucedió con el caso de Ingrid Escamilla. Y después, otros estados comenzaron a llevar a sus congresos la Ley Ingrid.
¿Qué estados han aprobado la Ley Ingrid?
La Ley Ingrid se ha aprobado aunque con alcances distintos. O sea, algunos estados aprobaron los cambios a sus códigos penales aplicados a funcionarios públicos y otros sumaron a particulares.
La activista en temas de violencia digital y asesora legal Marcela Torres compartió una breve lista de los estados donde la Ley Ingrid sanciona a servidores públicos, además de CDMX:
- Oaxaca, Nayarit, Quintana Roo, Sonora, Tabasco, Sinaloa y Chiapas.
Torres indicó que otros estados cuyos códigos contemplan las sanciones también para particulares como:
- Morelos, Aguascalientes y Estado de México.
Edomex y Sonora
En el caso del Estado de México, el Congreso tuvo que cambiar y aprobar la Ley Ingrid en dos ocasiones. ¿La razón?
En 2023, la SCJN (Suprema Corte de Justicia de la Nación) declaró inconstitucional los cambios al artículo 227 Bis por imprecisión en la redacción.
Es decir, la redacción no precisaba la conducta que iba a sancionar este artículo.
Ese mismo año, el Congreso de Edomex aprobó los cambios con base al análisis de la SCJN y para evitar la vulneración de los derechos de las víctimas como en los casos de Ingrid Escamilla o del actor Octavio Ocaña.
Al final, el Código Penal del Estado de México indica sanciones tanto para particulares como servidores públicos.
Sonora también pasó por un proceso similar, ya que la Suprema Corte resolvió invalidar la ley por imprecisiones. El Congreso tuvo que corregir y votar de nueva cuenta.
¿Qué pasó a nivel Federal?
En 2023, el Senado aprobó la Ley Ingrid retomando la reforma aprobada en 2022 por la Cámara de Diputados.
Aunque en el caso de 2023, el Senado regresó la iniciativa a la Cámara de Diputados para hacer cambios al dictamen.
En general, lo aprobado por el Senado fija sanciones contra los funcionarios públicos por:
“Dar a conocer, difundir, entregar, revelar, publicar, transmitir, exponer, remitir, distribuir, videograbar, audiograbar, fotografiar, filmar, reproducir, comercializar, ofertar, intercambiar, copiar o compartir, a quien no tenga derecho, imágenes, audios, videos, documentos, información, indicios, hallazgos, evidencias, objetos, instrumentos o constancias que obren en una carpeta de investigación o en un proceso penal y que por disposición de la ley o resolución de la autoridad judicial, sean reservados o confidenciales”.
Las sanciones van de 6 a 12 años de prisión con la posibilidad de aumentar en casos relacionados con niños, niñas, adolescentes, mujeres y cuando la información correspondiera a “cadáveres”.
Sin embargo, no se ha habilitado este cambio, que aparece en la minuta que quedó pendiente en la Cámara de Diputados en 2023.
Aquí pueden checar el Código Penal Federal con actualización a 2026 —y revisar el artículo 225 con el pendiente de sumar el 225 BIS.
