Se trató de un dictamen que ya tenía tiempo intentando pasar en el Congreso, en medio de las observaciones de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), ya que deslindaba a la FGR de las tareas de búsqueda de personas desaparecidas y se imponía sobre distintas instituciones. ¿De qué hablamos? De la Ley de la Fiscalía General de la República aprobada en el Senado.
Con 109 votos a favor, 7 en contra y una abstención, la Cámara de Senadores finalmente aprobó la creación de la Ley de la Fiscalía General de la República (FGR) —o si quieren verlo de esta manera, hizo una renovación a la Ley Orgánica de la FGR.
¿Qué aprobó el Senado (y antes, la Cámara de Diputados)? Pues, abrogó —desapareció— la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República e hizo cambios, adiciones y desapareció algunos artículos.
Todo esto con el objetivo de darle a la FGR completa autonomía sobre distintas instituciones y hasta del presidente. Sin embargo…
Los contras
Desde el momento en que nació la propuesta para renovar esta ley, la comisionada Nacional de Búsqueda Karla Quintana lanzó algunas advertencias.
Una de ellas tenía que ver con el hecho de que esta nueva ley separa a la FGR de las tareas de búsqueda de personas desaparecidas.
Es más, separaba a la Fiscalía del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres así como de la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Combatir y Sancionar los Delitos en Materia de Trata de Personas y del Sipinna (Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.
Y esta separación implicaba que la FGR no iba a garantizar el derecho a ser buscado y a la participación de la familias en esta tarea —también rompía con el trabajo coordinado entre instituciones para asegurar una investigación integral, como en el caso de las personas desaparecidas.
Otro punto en contra que tenía esta iniciativa —desde sus inicios— es que si bien buscaba la autonomía de la Fiscalía, de alguna manera su destino quedaba en manos del presidente.
¿Cómo? La iniciativa ordenaba que el nombramiento o remoción del fiscal General quedaba en manos del presidente. En el primer caso, el Ejecutivo tendría que enviar una terna al Senado, que se encargaría de avalar al ganador o la ganadora de la terna.
Además, la propuesta apelaba por la creación de comisiones especiales y temporales que tendrían autonomía en la investigación de delitos federales.
Pero estos puntos no fueron bien vistos ni por la CNB, ni por las familias de personas desaparecidas.
Así que la iniciativa para crear esta ley —a petición del fiscal General Alejandro Gertz Manero— tuvo que pasar por varias revisiones en las cámaras.
Ley de la Fiscalía General de la República
Y así fue como el dictamen pasó de las comisiones del Senado a la Cámara de Diputados y otra vez, de regreso, con las senadoras y los senadores.
¿En qué quedó el asunto?
En la discusión de este 29 de abril, un grupo de Morena votó pero bajo protesta porque esta ley sigue con varias lagunas y no garantiza —al cien por ciento— la coordinación de trabajo con otras instituciones.
Y aunque la FGR podrá atraer los casos de fuero común sólo será mediante supuestos definidos en la Constitución, tratados internacionales o a petición de las víctimas.
Si no, no.
La iniciativa —ahora ley— también faculta a las fiscalías especiales para tomar casos de violaciones de derechos humanos o por un asunto de trascendencia.
Además, determina la colaboración de la FGR con otros organismos de la Segob (Secretaría de Gobernación).
Y por último, permite la participación de las familias en la investigación de los casos. Aunque, incluso Morena hizo notar que los puntos anteriores son a ojo de buen cubero y todavía traen lagunas en nombre de la autonomía de la FGR.
(Por cierto, lo del asunto del presidente y el nombramiento del fiscal General quedó igual).
¿Por qué una nueva ley de la FGR?
En diciembre de 2018 entró en vigor la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República con la intención de darle vuelta a la PGR (Procuraduría General de la República) para dotar a la Fiscalía de autonomía y que no quedara bajo el yugo de la Presidencia.
Además de garantizar las investigaciones, reparación del daño de las víctimas y perseguir los delitos en favor de los denunciantes.
Pero, de acuerdo con Alejandro Gertz Manero, para que esto fuera un hecho… era necesario crear otra ley, una nueva —la #LeyGertz como ha sido llamada en redes.
Y ya está hecho. Ahora sólo falta que AMLO firme esta ley y que sea publicada en el Diario Oficial para su entrada en vigor.