El coronavirus continúa siendo una amenaza latente en México. Pese a que distintas entidades como la Ciudad de México y el Estados de México (que han llevado el liderazgo en cuanto a contagios de COVID-19 desde el inicio de la epidemia en nuestro país) ya pasaron a semáforo naranja, el riesgo sigue siendo elevado y no hay que bajar la guardia.
Desde que se dio el primer caso confirmado de coronavirus en México a finales de febrero, nuestro país ha confirmado un total de 385 mil 036 contagios, además de que 43 mil 374 personas perdieron la vida a causa de COVID-19 desde el inicio de la epidemia en territorio nacional.
La Secretaría de Salud dio a conocer en la conferencia de prensa de este sábado 25 de julio, que las cifras anteriores ubican a México en el quinto lugar en cuanto a tasa de mortalidad (por cada 100 mil habitantes) por el nuevo coronavirus en la región de América, sólo por debajo de Perú, Chile, Estados Unidos y Brasil.
A nivel mundial la cosa cambia un poco. México se ubica en el lugar 13 en la tasa de mortalidad por COVID-19. Además de las naciones de América antes mencionadas —que lógicamente aparecen también por encima de nuestro país en esta segunda gráfica—, Reino Unido, España, Italia, Suecia, Francia, Irlanda y Países Bajos aparecen arriba de nosotros en este dato. Bélgica se ubica en el primer lugar con una tasa de mortalidad de 85.9 casos por cada 100 mil habitantes.
Necesario medir el exceso de mortalidad por coronavirus
Además del informe diario sobre la situación del coronavirus en México, las autoridades sanitarias dieron a conocer que la vigilancia epidemiológica contempla el exceso de mortalidad en cierta región. ¿Y eso qué es? Bueno, en términos simples consiste en la diferencia entre las muertes esperadas en cierta zona geográfica y para determinado lapso, asociadas directa o indirectamente a COVID-19, contra la cifra de muertes que se confirmaron.
Los objetivos de este sistema de vigilancia complementario son: clasificar las muertes causadas directa o indirectamente por coronavirus, detectar los cambios en las tendencias de la mortalidad en cierta zona geográfica o entidad federativa desde la llegada de la enfermedad, y analizar los factores de riesgo individuales para la población (incluyendo desastres y otro tipo de conflictos).
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Todo lo anterior implica conocer mejor el impacto de las medidas sanitarias en dicha zona o entidad, además de entender qué grupos sociales, según factores como edad e incluso sexo, se ven más afectados por la presencia del coronavirus, aunque las muertes no cuenten con un diagnóstico postivo de COVID-19 en el acta de defunción.