Este miércoles Human Rights Watch señaló que las desapariciones forzadas en México representan “una crisis de derechos humanos de enormes proporciones”.
La respuesta del Gobierno del presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, a los casos de desapariciones forzadas en los últimos años ha sido “insuficiente”.
En una carta enviada al secretario de Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong, Human Rights Watch (HRW) criticó los retrasos inexplicables en las investigaciones y las declaraciones públicas contradictorias sobre los desaparecidos.
Aquí la carta:
HRW reconoce que Peña Nieto tomó algunas medidas para investigar los casos pero José Miguel Vivanco, director ejecutivo para las Américas de HRW, considera que estas medidas “están muy lejos” de esclarecer qué ocurrió con las personas desaparecidas.
En el informe “Los Desaparecidos de México: El persistente costo de una crisis ignorada”, realizado en 2013, se documentaron casi 250 desapariciones con Calderón, incluidos 149 casos de desapariciones forzadas con ayuda de elementos de seguridad, en ese momento Osorio Chong reconoció la existencia de una lista de más de 26 mil personas reportadas como desaparecidas o extraviadas, y prometió examinar estos casos.
Pero no se tiene claro el verdadero número de desaparecidos en México desde el sexenio de Calderón, según cifras oficiales, provenientes del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, en nuestro país 22 mil 322 personas se encuentran en calidad de “no localizadas”,
Medidas como la llamada “Alerta Amber” han producido pocos resultados.
Mexico: ‘Disappearances’ Response Falls Short http://t.co/YTuGpkNb5Z
— Human Rights Watch (@hrw) octubre 8, 2014
Esta situación ha propiciado críticas desde todas las esferas sociales, grupos como el Ejército Popular Revolucionario (EPR) califican estas desapariciones como un “crimen de Estado”, ya que independientemente de que las ejecuciones sean o no de un grupo criminal, los estudiantes fueron baleados y desaparecidos por la fuerza pública.
Lo que demostraría que las hipótesis de que se puede tratar de “hechos violentos”, “enfrentamientos”, “fuego cruzado” o de “agresiones de los manifestantes a los policías”, es falsa, lo que ha ocurrido es “una política criminal de un Estado policiaco-militar”.
Vivimos en un momento en el que las fosas comunes son un mecanismo radical para acallar las voces de los disidentes.