Este viernes, 1º de noviembre, la cámara indiscreta le jugó una muy mala pasada a la secretaria de Gobernación (SEGOB), Olga Sánchez Cordero. Nadie le avisó que estaban grabando una conversación privada y se le escapó, entre risas, una controvertida declaración: dijo que la ampliación de mandato del gobernador Jaime Bonilla en Baja California es legal y le dio su aval.

Hace poco más de un mes, Olga Sánchez Cordero declaró —ante el pleno del Senado— que la norma, conocida como Ley Bonilla, era una movida inconstitucional.

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Foto: El Financiero

En el video que circuló las redes sociales este viernes se puede ver que la secretaria de Gobernación le asegura al controvertido mandatario que su gobierno sí durará cinco años.”Me dijeron: ‘es legal los cinco años’, (y respondió) es legal porque la norma está vigente”, expresa la Secretaria.

“Para mí, la norma va a pervivir”, dice. Claro, después de cotorrear un rato con Bonilla. “Es todo lo que necesitamos, aunque no nos den los cinco años, con eso tengo”, contesta entre risas el nuevo gobernador de Baja California.

Cuando el video comenzó a dar vueltas por Twitter, la secretaria emitió un mensaje en el que intenta explicar lo sucedido y señala su respeto por las jurisdicciones. “Soy respetuosa de las jurisdicciones y declaré que es legal porque hay una norma vigente del Congreso del estado que así lo establece. El problema radica en quien está legitimado para promover la acción y en su caso será la SCJN quien decida”, escribió. 

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¿Y qué hacía Sánchez Cordero ahí? Pues la historia se pone todavía más chusca.

Foto: Omar Martínez // Cuartoscuro

Este viernes, como si estuviera haciendo un hechizo maléfico, Jaime Bonilla se esperó a la medianoche para tomar posesión como gobernador de Baja California. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez cordero asistió a la ceremonia en representación del gobierno federal.

Saliendo del evento, la funcionaria hizo otras declaraciones sobre la Ley Bonilla.

“Hoy es legal porque el Congreso emitió la norma y está facultado para emitirla. Entonces, hay una presunción de legalidad cuando un Congreso emite una norma y está facultado para hacerlo”, señaló. “El Congreso emite la norma, el Tribunal Constitucional va a resolver”.

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