Lo que necesitas saber:
De comprobarse sus responsabilidades administrativas o penales, las sanciones contempladas en la norma pueden ir desde una simple amonestación o lo más extremo, que sería la separación definitiva de su cargo.
El pasado domingo, los ciudadanos de Jalisco salieron a manifestarse en contra del agua sucia que hay en la entidad, y los elementos policiacos los reprimieron con agua limpia y gas lacrimógeno.
A esto, la Secretaría de Seguridad de Jalisco reconoció el abuso de fuerza en dicha marcha, además de identificar y comenzar una investigación interna contra 17 elementos policiales por actuar presuntamente fuera de los protocolos operativos.
La investigación —dada por el gobernador del estado, Pablo Lemus— quedó a cargo de la Dirección de Asuntos Internos, instancia que integró un expediente respaldado tras la revisión de 200 cámaras de seguridad captadas desde diferentes ángulos durante las protestas.

Revisión de 200 cámaras logró la identificación de abuso de elementos policiales
Durante una conferencia de prensa, el secretario de seguridad de Jalisco, Juan Pablo Hernández, confirmó que las comparecencias, además del material recabado, permitieron identificar de manera individual a los elementos.
En su participación, el titular de la SSE enfatizó que las faltas detectadas desobedecen los principios institucionales.
“Esta revisión y las comparecencias de policías que ya han sido identificados nos han permitido al día de hoy tener 17 compañeras y compañeros identificados que presuntamente actuaron fuera de los protocolos, reaccionaron de forma desproporcional y al parecer hicieron uso indebido de la fuerza”, detalló el secretario de seguridad.
Juan Pablo Hernández agregó que la secretaria ha invertido en equipamiento y capacitación, por lo que este tipo de fallas individuales resultan inaceptables para el cuerpo policial.
¿Y qué pasará con los elementos implicados?
Luego de su identificación, los 17 elementos policiales ya fueron citados para dar su declaración formal ante Asuntos Internos.
De comprobarse sus responsabilidades administrativas o penales, las sanciones contempladas en la norma pueden ir desde una simple amonestación o lo más extremo, que sería la separación definitiva de su cargo.

