Lo que necesitas saber:
Diputados de Morena, PT, Hagamos y Futuro del Congreso de Jalisco exigieron la destitución del secretario de Seguridad por la represión durante la manifestación por agua limpia en Guadalajara.
Un día después del mensaje del gobernador Pablo Lemus sobre las investigaciones que llevarán a cabo para sancionar a los responsables de abuso policiaco, diputados exigieron la destitución del secretario de Seguridad.
Sí, diputados de Morena, PT, Hagamos y Futuro del Congreso de Jalisco exigieron la destitución de Juan Pablo Hernández González, secretario de Seguridad estatal tras la represión afuera de Casa Jalisco en la manifestación para tener soluciones al problema de agua contaminada en la Zona Metropolitana de Guadalajara.
Exigen destitución del secretario de Seguridad de Jalisco
Las bancadas de este partido firmaron y publicaron un pronunciamiento —vía sus coordinadores— para exigir a Pablo Lemus que se arranque en corto con el proceso de “separación” del cargo de Juan Pablo Hernández González, así como el de los servidores públicos responsables de la represión en la manifestación del 11 de octubre.
Además de las destituciones, los diputados dijeron que chance podrían presentar solicitudes de juicio político contra los funcionarios responsables de la represión.
Y, en cuanto al Poder Judicial de Jalisco, pidieron que deseche las imputaciones (acusaciones formales) contra las personas detenidas por presuntos cargos.
Los procesos abiertos
Aquí vale la pena recordar que el 13 de octubre, el gobernador de Jalisco informó la liberación de las últimas 7 personas detenidas —de 39— tras la manifestación.
Sin embargo, organizaciones civiles como Gatitos contra la Desigualdad denunciaron que las personas liberadas salieron con carpetas de investigación abiertas.
Dos de ellos fueron vinculados a proceso, mientras el resto tiene pendiente una audiencia pendiente con posible vinculación a proceso.
Aquí es donde recae la exigencia de los diputados al Poder Judicial de Jalisco para que deseche las acusaciones hechas por la Fiscalía estatal.
Por su parte, organizaciones civiles así como familiares de las personas detenidas, acusaron a las autoridades de detenciones arbitrarias como el caso de un joven repartidor que fue detenido y llevado a Puente Grande. Su mamá afirmó que solo estaba esperando un pedido.
