Para combatir el uso de facturas falsas y a las empresas fantasma, este martes el pleno de la Cámara de Senadores aprobó con 82 votos a favor y 34 en contra reformas a la Ley Federal Contra la delincuencia Organizada, la Ley de Seguridad Nacional; los Códigos Nacional de Procedimientos Penales, Fiscal de la Federación y Penal Federal.

¿De qué va?

A partir de ahora el contrabando, la defraudación fiscal; así como la expedición, venta, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales que respalden operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados, serán considerados delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa.

Además, a la persona que expida, enajene, compre o adquiera este tipo de comprobantes fiscales recibirá una sanción de cinco y hasta ocho años de prisión.

¿Un alto a la defraudación fiscal? 

De acuerdo con informes del Servicio de Administración Tributaria (SAT), hasta el pasado 16 de junio se detectaron a 8 mil 204 empresas que facturaron con operaciones simuladas.

Esto se traduce en una pérdida para el fisco de 354 millones de pesos, cantidad que equivale al 1.4% del Producto Interno Bruto (PIB) de todo el país.