Por segunda ocasión desde que fue extraditado de Italia, el exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington Ruvalcaba, compareció ante un juez en la Corte Federal de Brownsville, Texas.
El magistrado Ronald Morgan le dio lectura a la lista de acusaciones, después de lo cual Yarrington se declaró “no culpable” de los 11 cargos en su contra.
Hay que recordar que al exgobernador le fue asignado un abogado ya que aseguró que no tenía dinero para pagarlo. Carlos Monarrez, ese abogado, le solicitó al juez posponer la audiencia de detención ya que se habían revelado nuevos detalles tras su reunión con Yarrington.
El juez determinó que el acusado debe permanecer en prisión por el alto riesgo de fuga que existe, ya que estuvo fugitivo por 6 meses, además de sus vínculos con Italia y México y por la naturaleza de los cargos.
Anteriormente ya se había ordenado el decomiso de 132 millones de dólares, un avión y varias propiedades.
Está siendo acusado por delitos relacionados con el tráfico de drogas, fraude bancario, lavado de dinero, declaraciones falsas a bancos estadounidenses asegurados por el gobierno federal, y otros más.
La extradición
Hace 6 días se anunció la extradición del exgobernador por el gobierno de Italia a Estados Unidos.
Fue el 26 de febrero pasado que el Tribunal Supremo italiano rechazó un recurso de los abogados de Yarrington contra su extradición a Estados Unidos, sin embargo aceptó otro contra su envío a México. Estos dos países pedían su entrega por delitos de narcotráfico gracias a que facilitó a los cárteles del Golfo y de los Zetas el traslado de drogas a Estados Unidos.
Su captura se dio el 9 de abril del año pasado en un restaurante de Florencia, en Italia. Al momento de la detención se encontró que portaba documentación falsa.
Inmediatamente después de la captura, Raúl Cervantes, procurador General de México, se reunió con Jeff Sessions, en ese entonces fiscal general de la administración de Donald Trump, en Washington y se llegó a un acuerdo en dar prioridad a su juicio en este país.
Pero no son los únicos cargos.
En México enfrenta al menos 3 órdenes de aprehensión por delitos contra la salud, peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita, mismos que habría cometido durante su administración.
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Incluso en 2012 fue acusado por un testigo protegido de la DEA por lavado de dinero para cárteles de la droga. En ese entonces, el gobierno de Estados Unidos presentó solicitudes en San Antonio y Corpus Christi, Texas, para confiscar sus propiedades, mismas que presuntamente adquirió con dinero del narco.
Tras esta acusación, el PRI decidió expulsarlo de sus filas el 23 de mayo de 2012.