El día de ayer, el Peña Nieto anunció que impulsaría la publicación del reglamento que especifica la forma en que será aplicada la Ley General de Víctimas. Aunque este reglamento se discutió por mucho tiempo en el Congreso, su publicación había sido retrasada en varias ocasiones por miembros de todos los partidos. El día de hoy, por fin la ley fue expedida y publicada en el Diario Oficial de la Federación como parte de las acciones con las que el presidente busca legitimar su plan contra la inseguridad, recibido el día de ayer con muchas dudas por la ciudadanía.
Esta ley entrará en vigor mañana. El presidente también dijo que estaría acompañada por un Registro Nacional de Víctimas que incluya muestras de ADN.
Dentro de los siguientes 90 días se anunciará el monto del presupuesto público que será destinado al fondo para las víctimas de múltiples delitos federales que, de ahora en adelante, recibirán una compensación por el Estado.
De esta manera desaparece la Procuraduría Social de Atención a Víctimas de Delitos y nace la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), según la publicación de hoy , que en los siguientes tres meses deberá crear el Modelo Integral de Atención a Víctimas.
Un comité evaluador de la CEAV determinará las características del pago, con base en los siguientes criterios: necesidad de la víctima, la gravedad del daño sufrido, la vulnerabilidad de la víctima, en proporción con el daño sufrido; el perfil psicológico de la persona afectada; la posibilidad de que pueda acceder a medidas de atención, asistencia y protección en asociaciones civiles o privadas entre otras.
Para acceder a los recursos del fondo, será necesario pertenecer al Registro Nacional de Víctimas y cumplir con una larga serie de requisitos.
Lo que sería todavía más deseable es que los beneficiados también reciban compensaciones por los errores, violaciones a derechos y abusos de autoridad cometidos por los servidores públicos durante los complicados procesos judiciales a los que son sometidos.
Sobre todo, es importante que la Ley de Protección a Víctimas vaya acompañada de una estrategia sólida que permita reducir la criminalidad tanto al interior como al exterior de las instituciones. De nada sirve compensar a víctimas si su número aumenta cada día.
Vía: La Jornada