¿Cómo una empresa acusada de fraude en EEUU puede conseguir contratos con el gobierno de México?

Para que vean que México es un país en el que dan segundas oportunidades. En cualquier otro lugar, una empresa que es acusada de fraude, ¿cuándo iba a conseguir nuevos contratos… y más si estos son millonarios y otorgados por el gobierno? La razón diría que NUNCA. Pero ya saben que en México pasan cosas increíbles y aquí sí se pudo.

De acuerdo con Animal Político, la empresa Materiales y Construcciones Villa de Aguayo, propiedad de Fernando Cano Martínez, siguió recibiendo contratos con el gobierno mexicano, con todo y que en la tierra de Trump estaba bajo investigación por fraude y lavado de dinero.

¿Cómo le hizo?

Bueno, suponemos que para que lo anterior pudiera suceder, fue necesario que la empresa fuese respaldada por un nombre de honor. Uno como el de Tomás Yarrington, exgobernador tamaulipeco que ahora ya está bien guardado en cárcel italiana, esperando el momento para ser extraditado a Estados Unidos.

Parece que para que la empresa de Cano Martínez volviera a las andadas, mucho tuvo que ver el exgobernador Yarrington, ya que -según reporta Animal Político- Materiales y Construcciones Villa fue una de las principales contratistas durante el gobierno del ahora detenido. Además, se denuncia que Cano Martínez podría haber sido no de los tantos prestanombres que Yarrington uso para sus muchas transas.

Coincidentemente, cuando en 2012 Yarrington comenzó a recibir acusaciones en su contra por lazos con Los Zetas (claro, en Estados Unidos), la empresa de Cano Martínez fue embargada por la PGR, ya que aquí en México estaba siendo investigada por presuntos vínculos con el crimen organizado. Pero nomás era cuestión de dejar enfriar el asunto: para 2014, Materiales y Construcciones Villa ya estaba recibiendo otra vez contratos millonarios.

Desestimada la investigación en su contra y con los bienes devueltos (cortesía de Jesús Murillo Karam), la empresa de Cano Martínez comenzó a firmar contratos con el gobierno federal (administrado por EPN, por cierto): en 2014, con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) por 58 millones 448 mil 879; meses más tarde, otra vez con la SCT, por 81 millones 999 mil 850 pesos; en 2015, firmó con el Fondo Nacional de Fomento al Turismo por 101 millones de pesos… y todo mientras Yarrington y Cano tenían proceso abierto en Estados Unidos.

Sólo en México.