Por Héctor Castañón
El etiquetado de advertencia sobre los excesos en alimentos procesados nos sigue sorprendiendo cuando hacemos nuestras compras. Nos damos cuenta que prácticamente todo lo que la industria pone en nuestras alacenas presenta algún exceso de algo.
La necesidad de la Norma era urgente. Los costos para la salud pública y la vida de las personas por el exceso en consumo de azúcares, grasas y sodio son excesivamente altos. En México, las enfermedades cardiovasculares y la diabetes son las dos principales causas de muerte y enfermedad en nuestro país. Según la Secretaría de Salud, la primera fue responsable de 141,312 muertes en el 2017 (20.1% de los decesos totales) y la segunda de 106,863 en el mismo año (15.2%). Ambos padecimientos están fuertemente asociados a los hábitos alimenticios.
Estamos quizá en la etapa de la negación, pero se espera que eventualmente esta medida tendrá incidencia en nuestras decisiones de consumo. Eso es lo que busca la NOM-051 de etiquetado para alimentos y bebidas procesadas.
Una experiencia paradigmática en donde las políticas públicas inciden para reducir los riesgos a la salud pública causados por hábitos de consumo, es la del Surgeon General en Estados Unidos, que en 1964 presentó el reporte a partir del cual se inició una campaña para advertir de los efectos nocivos del tabaco. A principios de los años 60 del siglo XX, menos de la mitad de quienes habitaban en los Estados Unidos creían que fumar podía ser una causa de cáncer. Para los años 70 esta proporción había crecido al 70% y para los 90 la población que creía en esta relación directa era del 95%.
En una evaluación realizada a 50 años de que se lanzara el reporte, se estima que la política ha evitado la muerte de entre 8 y 17 millones de personas en los Estados Unidos y fue un factor clave en aumentar la esperanza de vida en 30%.
Con un promedio de 160,000 muertes evitadas por año en un país con una población 3 veces mayor a la de México, la política que enfrentó a la poderosa industria del tabaco fue plenamente justificada al estimarse un ahorro de 100 billones de dólares anuales en perdidas económicas por enfermedad y muerte.
Declarar oficialmente un factor de riesgo de enfermedad y muerte como problema de salud pública tiene que derivar en un paquete de regulaciones, políticas y medidas disuasorias para incidir en la modificación de patrones de consumo que contribuyen a reducir el riesgo.
Ejemplos como las medidas para reducir el consumo de tabaco, azúcares, grasas y sodio son una sólida base para dar un paso siguiente: declarar el automóvil como un problema de salud pública.
Atendiendo a las muertes, enfermedades y accidentes relacionadas con la creciente presencia del automóvil en la vía pública y a las emisiones de contaminantes a la atmósfera, la política se justificaría plenamente.
Desde luego, enfrentar a la industria de tabaco no es lo mismo que enfrentarse a la poderosa industria automotriz. Antes de la crisis del COVID 19, la industria del automóvil aportó 20.7% de PIB manufacturero y cerca del 2% de los empleos totales, mientras que la industria de bebidas y tabaco representaba un 5.9% del PIB Manufacturero. Pero la norma de etiquetado enfrentó al sector público con una industria alimentaria que representaba el 20.3% del PIB manufacturero, y aún así, las medida fue aprobada y entró en vigor.
La mala calidad del aire se asocia habitualmente con la causa más común de enfermedad en México, que son los padecimientos respiratorios como asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica y cáncer de pulmón, y que son responsables de 24 millones de casos de este tipo de dolencia en el país, y 21 mil muertes al año . Por su parte, los accidentes de tráfico son responsables de 24 mil muertes al año (más que el narco).
Investigaciones recientes, sin embargo, demuestran una clara relación de distintas vías entre los contaminantes asociados a emisiones vehiculares con las enfermedades cardiovasculares, principal causa de muerte en México.
Las emisiones totales de combustión en los E.U. representan alrededor de 200,000 muertes prematuras por año, debido a cambios en las concentraciones de PM2.5, y alrededor de 10,000 muertes debido a cambios en las concentraciones de ozono. Los mayores contribuyentes de ambas muertes relacionadas con contaminantes son los vehículos de transporte terrestre.
El European Heart Journal señala que entre las múltiples vías que vinculan la contaminación del aire a la morbilidad y mortalidad cardiovascular, los más relevantes son la inducción de estrés oxidativo, la inflamación sistémica, disfunción endotelial, aterotrombosis y arritmogénesis.
La contaminación del aire ocupa el noveno lugar entre los factores de riesgo de enfermedad cardiovascular modificables, por encima de otros factores como la escasa actividad física, la dieta alta en sodio, colesterol alto, y el consumo de drogas; por ello, debe ser vista como uno de los factores principales de riesgo modificables en la prevención y tratamiento de la enfermedad cardiovascular.
La suma de todos estos factores de riesgo respiratorio, cardiovascular y de accidentes, convierten al automóvil en un factor de alto riesgo para la salud. Por ello, además de un etiquetado “exceso de riesgos” para los automóviles, debe impulsarse una política integrada de medidas regulatorias, informativas, fiscales y sanitarias, para contrarrestar los altísimos costos sociales, económicos y ambientales que representa el creciente parque vehicular.
Los ejemplos de políticas de esta naturaleza están a la mano y suficientemente bien documentadas. La situación económica de la pandemia, además de grandes retos, nos presenta una oportunidad sin precedente para impulsar una política de esta naturaleza, al observarse en el público general un patrón modificado de hábitos de movilidad con un mayor uso de vehículos compartidos, y de preferencias de consumo, con menos personas que desean poseer un vehículo . Esto se ha traducido en una reducción de 43% en la producción de autos, 42% en las exportaciones y 30% en ventas totales a mayo del 2020.
La industria automotriz estima un repunte en el 2021 y 2022 para regresar a los niveles de 2019. ¿Significa esto que optaremos por volver a las viejas prácticas nocivas? ¿Dejaremos pasar esta oportunidad única para mejorar la salud humana y ambiental? Propongo que no.
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Héctor Castañón es doctor en antropología social, y maestro en planeación y gestión del desarrollo. Participa en diversos espacios académicos y de sociedad civil para promover la igualdad de oportunidades, la participación política y el cuidado del medio ambiente. Integrante del equipo de Pedagogía de Futuro. Padre ocupado resolviendo frustraciones musicales con sus hijxs.
Twitter: @hektanon