Uhhhh… si la el gobierno Federal y la Suprema Corte no la llevaban muy bien, ahora peor, con la acusación que se acaba de hacer: que para aprobar la suspensión al Plan B de la reforma electoral, dice el gobierno federal, “el ministro le arrancó hojas a la Constitución”.
Claro, no literalmente. Sólo es una forma de decir que el ministro que autorizó suspender la ejecución del Plan B se pasó por dónde no pega el sol (y eso es difícil, con el solazo que ha hecho últimamente) la Carta Magna… que actuó de manera irregular, pues. Así que, por esto, va la impugnación a la suspensión que (según) se hizo saltándose la Constitución y, pues nada, a ver qué pasión.
Por medio de un comunicado, el Gobierno de México (o sea, desde Presidencia) se anunció que se procederá a impugnar la decisión dada a conocer el viernes por la noche de suspender la aplicación del Plan B de la reforma electoral. Un acto que es impedido por el artículo 105, fracción I de la Constitución mexicana.
“En contra de lo que prevé expresamente la norma fundamental, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Javier Laynez Potisek, decidió admitir a trámite la controversia constitucional presentada por el Instituto Nacional Electoral (INE) y conceder una suspensión total para que no surta efectos el decreto expedido por el Congreso de la Unión que modifica diversas leyes en materia electoral”, acusa el gobierno federal.
El artículo al que se refiere el gobierno indica que, en efecto, la SCJN debe aceptar controversias donde se cuestione la regularidad constitucional… sin embargo, agrega Presidencia, hay una excepción:
Las controversias que tengan que ver con la materia electoral. Esto, se indica en el mismo artículo y así lo explica el gobierno: porque “existe una restricción constitucional expresa para que no se discutan las reglas electorales entre los órganos del Estado, pues no es función del árbitro electoral cuestionar las normas jurídicas que el Poder Legislativo tuvo a bien expedir”.
Además de, según, saltarse el mencionado artículo constitucional, el gobierno Federal señala otras irregularidades a la hora de suspender el Plan B de la reforma electoral. Cosillas como hacerlo un viernes por la noche (“no es común”, se asegura en el comunicado)… o que sólo un juez eche para atrás una ley que se discutió y aprobó en el Legislativo (algo histórico, según)… y que además haya barrido con todo el Plan B, cuando eso no fue lo que se le solicitó en la controversia.
“Es decir, se trata de régimen de excepción que modifica los precedentes jurisprudenciales en la materia y anula por completo la presunción de validez constitucional que toda norma general posee, ya que la ley constituye la expresión de la voluntad popular a través de sus representantes electos democráticamente”, acusa Presidencia.
Pues, entonces, va la impugnación de la suspensión del Plan B. Bueno, no sólo de la suspensión, sino que también se pedirá revocar la controversia. No se vienen tiempos muy tranquilos, por lo que se ve.