Miles de hombres y mujeres están en prisión sin recibir una sentencia, o bien, purgan una condena a través de procesos judiciales viciados, creando así la #DudaRazonable de que en nuestro país los centros penitenciarios están habitados por presuntos inocentes; siendo el crimen organizado infiltrado en las Fiscalías, la corrupción, el racismo y la pobreza de las víctimas; algunas de las causas de este contexto bárbaro.
“Generalmente asumimos que toda persona privada de la libertad se lo merece, pero cuando conoces muchos de los casos, te das cuenta que el único lugar en donde deben estar es con sus familias”, escribió en Twitter Alejandra Cuevas Morán, quien fuera liberada gracias a una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación luego de estar “528 días encarcelada en Santa Martha Acatitla por un delito fabricado por Alejandro Gertz Manero” y quién también fuera la hijastra del hermano de la máxima autoridad para la procuración de justicia en México.
Y es que casos como el de la sobrina política del Fiscal General de la República, el de la familia Vallarta o el de los protagonistas de los documentales Presunto Culpable (2008) y Duda razonable, historia de dos secuestros (2022) del director Roberto Hernández —que se han documentado como procesos judiciales irregulares tanto por resoluciones de la SCJN, así como por investigaciones periodísticas—; son la punta del iceberg de lo que en realidad es una barbarie mexicana debido a que se estima a miles de personas con la sospecha de que son inocentes en prisión pero que no han tenido la suerte de ser mediatizados, afirmó el realizador de los documentales mencionados.
El también abogado reconoció que, aunque es muy difícil contar con una cifra que precise el número personas encarceladas con presunción de inocencia sin una sentencia o condenadas sin ser culpables con procesos viciados, prácticamente sería imposible realizar un documental, así como los que él ha producido, para cada uno de los casos en los que hay duda de su culpabilidad.
“Tú puedes ver la tendencia, lo que se nota es que se sigue utilizando la tortura como método de investigación criminal en México y que hay cada vez más sentencias erróneas en nuestro país”, destacó Hernández, quien además explicó que ha revisado expedientes judiciales mal redactados, sin signos de puntuación, con mala calidad en la impresión; mismos que terminan siendo la herramienta que las autoridades usan para emitir las cuestionables condenas.
El experto en derecho añadió que la responsabilidad de las Fiscalías en este contexto —donde la justicia no llega para todos— radica en que, aunque son organismos independientes, estas instituciones son hiper-poderosas y en algunos casos llegan a estar involucradas con el crimen organizado, por lo que la posibilidad de que inventen delitos y culpables es muy alta.
“La fiscalía antisecuestros del estado de Tabasco operaba los secuestros, ellos eran los secuestradores”, recuerda el cineasta a propósito del documental Duda Razonable, quien además dijo que existen funcionarios de aquella época narrada su trabajo cinematográfico y que actualmente están en funciones tal es el caso del que fuera el fiscal antisecuestros César Oliveros Aparicio pero hoy ocupa la misma posición en la Fiscalía de la Ciudad de México , así como de quien fuera el litigante del caso por parte de la fiscalía, Francisco Vera Ayala; pero ahora es titular de esta área en la fiscalía de Puebla o de quien era el fiscal del estado, Fernando Valenzuela Perlas y actualmente es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma Juárez de Tabasco.
Por lo que respecta a las defensorías de oficio —destinadas para quienes no pueden solventar una defensa privada—, el experto comentó que éstos no llegan a ser la mejor opción para las víctimas del sistema de “justicia”, porque algunas de éstas pueden incluso depender de las mismas policías locales.
A lo anterior Roberto Hernández instó a que “si tienes un monstruo (las Fiscalías) para debilitarlo debes crear otro… y ese tendría que ser la defensoría nacional pública, una institución que no existe”; misma que idealmente tendría que ser autónoma, independiente y con recursos propios para realizar investigación alterna a las que realizan las fiscalías para con ello evitar que inocentes pisen la cárcel.
El papel del Poder Judicial en este rompecabezas para la búsqueda de una justicia que nunca llega, los jueces deben decidir un veredicto con base en los expedientes que presentan los fiscales, sin embargo, al no tener pruebas suficientes para inculpar y dejar libre a las personas, se ha visto que pueden tomar decisiones con herramientas que no están ligadas al expediente, por ejemplo, Hernández recordó al juez del caso Acteal que condenó a los acusados con información tomada de wikipedia.
El presidente Andrés Manuel López Obrador debería reformar la Constitución para quitarle poder a las Fiscalías, como la facultad de detener a las personas por 48 horas en el separo, pues en este tiempo, como ocurrió con los protagonistas de Duda Razonable que fueron torturados durante esas horas, se construye el supuesto ilícito para inculpar inocentes, dijo el documentalista quien también abogó por la erradicación de la detención preventiva oficiosa.
Para el experto, la pobreza y un racismo sistémico, como por ejemplo pertenecer a una comunidad indígena, son factores que potencializan a las víctimas presuntamente inocentes en la cárcel, pues el perfil de una persona con recursos limitados para defenderse es el arquetipo para la construcción de chivos expiatorios por parte de fiscales corruptos.
Justicia Racializada
La posibilidad de que el racismo se trasmine a las víctimas del sistema de justicia es muy alta pues los y las presuntos inocentes en prisiones tienen una carga de prejuicio no sólo por su color de piel, sino también por su lengua, su acento, su origen étnico, su cabello, su forma de vestir e incluso su ocupación, la creencia religiosa o el poder adquisitivo, explicó Marisol Aguilar, coordinadora de proyectos en la agrupación RacismoMX.
La experta reconoció que ha tenido acceso a reportes policiacos que describen signos de estereotipos raciales con los que justifican la detención de las personas e incluso a veces son las únicas características que sostienen las pruebas de la aprensión, además, la defensora de derechos humanos advirtió que el racismo también puede comprometer el respeto a las garantías de los y las acusadas durante un juicio.
Por su parte Otto Castillo, también investigador de RacismoMX; recordó el caso de albañiles que fueron inculpados por policías en Monterrey por el asesinato de dos personas, que, aunque después se resolvió que el crimen fue cometido por miembros de la misma corporación policiaca, la sospecha de que al verse foráneos y con ropa de trabajo fue lo que justificó la aprensión de los trabajadores de la construcción por parte de los uniformados.
Cabe destacar que respecto a este caso la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León reconoció que hubo una grave violación de derechos humanos en la recomendación 02/2021, pues no se trató de una simple detención arbitraria, sino que se llegó a un extremo donde el Estado rebasó el actuar de sus potestades, explicó Castillo.
Ambos apuntaron que, debido al sistema racista que está presente en toda la estructura de la cultura, ésta no sólo impacta en la percepción de policías sino también de otras autoridades ejecutivas del sistema de procuración e impartición de justicia, por lo que es fundamental el urgente combate a todas las formas discriminación en las instituciones del Estado mediante la deconstrucción y con herramientas de la preparación teórica.
Corrupción, burocracia y violencia de género
Rosa Silvia Mendoza lleva 15 años en un proceso judicial y aún no recibe una sentencia, eso, sin contar que estuvo 3 meses arraigada. También cuenta que tiene compañeras, que, como ella, también tienen de 16 a 18 años en la misma situación: privadas de su libertad en un proceso de incertidumbre.
Vía telefónica desde el penal Santa Martha Acatitla, Rosa Silvia narró a Sopitas.com que, haciendo cuentas y en el remoto caso de que hubiera sido culpable, prácticamente por el tiempo que lleva en prisión ella ya hubiera cumplido la sentencia del supuesto delito por el que se le acusa.
“Eran los tiempos de García Luna”, recordó cuando la pesadilla comenzó.
Y es que, aunque al principio la presentaron como testigo, fue torturada —con protocolo de Estambul acreditado para ella y los demás coprocesados del caso—, para presentarla después como cómplice del secuestro de su expareja sentimental de aquel entonces.
Quien antes atendía una tienda deportiva hoy desde la cárcel ha sorteado los sinsabores de los procesos burocráticos y para su caso el tiempo transcurre sin tregua y no se detiene. Por ejemplo, su expediente de 700 fojas cambió de juzgado y mientras la nueva autoridad lo estudia, ella estima que pasarán por lo menos seis meses más para que vuelvan a retomar su proceso.
Ha pedido ayuda por escrito al presidente Andrés Manuel López Obrador, también al secretario de gobernación Adán Augusto, pero no ha tenido respuesta aún.
Para proteger en aquel entonces a su hija de 4 años del acoso social por el prejuicio decidió pedirle a su madre —al ingresar al penal— que le dijera a la pequeña que su ausencia se debía que estaba trabajando en otro lugar, sin embargo, la curiosidad de la niña no cesó y convenció a la abuela de que le dijera la verdad.
—A partir de los 9 años me la empezó a traer una vez cada 15 días… la parte de su crecimiento me lo quitaron. Hoy tiene 19 años de edad.
Rosa Silvia reconoció que la violencia de género está presente también en este contexto, pues ha notado que las mujeres llegan a tener menos beneficios a diferencia de los hombres en situación de reclusión, pero, aunque las mujeres en prisión están muy abandonadas, reconoce con orgullo en entre ellas hacen equipo para salir adelante.
—La justicia en México deja mucho que desear.