¿Se acuerdan de los libros con faltas de ortografía con los cuales educan a nuestros niños? Bueno, pues la Secretaría de Educación Pública reconoció que pagó 14 millones 210 mil 825 pesos a las instituciones que colaboraron en la redacción de los libros de texto gratuitos que se imprimieron con más de 100 faltas de ortografía.
¿Que te paguen millones por hacer las cosas mal? ¿Quién no quiere un empleo así? Pues bueno, la SEP te lo puede dar, pero sólo si eres un organismo internacional o una institución de educación superior, ya que esta dependencia suscribió un convenio de colaboración con la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación la Ciencia y la Cultura (OEI), por un monto de 11 millones 130 mil 825 pesos, y otro con la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco (UAM-X) por 3 millones 80 mil pesos.
Según La Jornada, La dependencia aseguró que el Órgano Interno de Control integró un expediente para llevar a cabo las investigaciones correspondientes y, en su caso, sancionar a los servidores públicos responsables de los errores ortográficos.
Al parecer amabas instituciones entregaron a la dirección de Desarrollo de Innovación y Materiales Educativos y a la dirección Editorial las maquetas terminadas para validar o cambiar el material.
Todo esto se supo gracias a una petición de información que hizo un solicitante. El solicitante no quedó satisfecha con la información obtenida ya que sólo dice cuánto pagó la SEP pero no cuanto se le dio a cada servidor. La SEP respondió que eso se podía verificar en su Portal de Obligaciones de Transparencia ya que lo que se les pagó a los servidores públicos fue su salario mensual, para esto envió las ligas electrónicas correspondientes y los pasos a seguir para obtener los datos.
Al respecto de lo que se le dio a las personas de los organismos involucrados, la SEP explicó que no hay instrumentos jurídicos que establezcan la obligación de conocer los medios, recursos humanos y materiales que se utilizaron por esos Organismos, por lo que ella misma no tiene conocimiento de quién elaboró dichos materiales directamente.
Sobre las sanciones, explicó que el tema se encuentra sujeto a investigación por el OIC y afirmó que en cuanto se emita la resolución, ésta se hará pública y podrá solicitarse a la Secretaría de la Función Pública.