¿Querían postura de México sobre lo que sucede en Perú? Pues ahí está… aunque seguramente a muchos no les gustará: lejos de reconocer al nuevo gobierno de la presidenta Dina Boluarte, el gobierno de la 4T aboga por el respeto de los derechos de Pedro Castillo y por no adelantar comicios.
Y México no va solo. En comunicado en conjunto con los gobiernos de Colombia, Argentina y Bolivia, el de la 4T expresó su preocupación por la remoción y detención de Pedro Castillo, a quien todavía llaman “presidente de la República de Perú”.
De acuerdo con el comunicado conjunto, los gobiernos de los países mencionados señalan que lo que pasa en Perú se veía venir, ya que Castillo ha sido “víctima de un antidemocrático hostigamiento” desde que inició que fue electo como mandatario. Y, ahora, igualmente es blanco de un trato judicial que es violatorio de la Convención Americana de los Derechos Humanos.
Lo anterior lo señala el gobierno de México y compañía con base en el artículo 25 de dicha convención, el cual establece que:
“Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales”.
Recordemos que la semana pasada Pedro Castillo fue destituido como presidente de Perú, para luego ser detenido por las fuerzas armadas de su país. Todo esto después de que Castillo ordenó disolver al Congreso y establecer en Perú un gobierno de excepción.
Castillo ahora enfrenta cargos por rebeldía y conspiración en contra del Estado, por lo cual podría pasar más de 20 años en prisión, en caso de ser encontrado culpable.
Pero bueno, el comunicado de los gobiernos de México, Colombia, Bolivia y Argentina no se centra mucho en los cargos en contra de Castillo, sino en lo que recientemente hizo la presidenta sustituta: llamar a realizar elecciones anticipadas, para 2024.
Para el gobierno de México y compañía, es prioritario el respeto del voto ciudadano en las urnas y, por ello, solicita que igual se respeten “los derechos humanos de Pedro Castillo y que se garantice la protección judicial”. Es decir, no adelantar procesos, porque todavía el destituido presidente no ha sido sentenciado y, quizás en una de ésas, sale bien librado y puede regresar a su cargo, el cual culminaría en 2026.