Mientras ayer en Chihuahua inició el proceso contra los menores que asesinaron al niño Cristopher, esto mientras “jugaban” al secuestro… ahora en Chetumal, Quintana Roo, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) remitió a dos jóvenes de 13 años quienes habrían violado a seis de sus primas, una de ellas de tan sólo dos años.
Pese a lo escabroso que suene el delito, la PGJE señaló que los menores de edad enfrentarán su proceso ante el Juzgado de Justicia para Adolescentes en libertad, esto debido a que según la Constitución en su artículo 18 y la Carta Magna del Estado de Quintana Roo en su apartado 26, asientan que aquellos que cuenten con menos de 14 años de edad no pueden ser sometidos a medidas que los priven de su libertad.
Según reporta La Jornada, la denuncia contra los dos primos se dio después de que éstos abusaron de una niña de dos años, quien se encontraba sin supervisión adulta al momento de la agresión ocurrida el pasado jueves. JCRG y ROR –como se ha identificado a los menores-, recién habían llegado a Cancún provenientes de Tabasco ya que “se habían vuelto insoportables e incontrolables, mas nunca dijeron el verdadero motivo: por agresión sexual contra otras parientes, y pese a saber la abuela calló y hasta prohibió denunciar porque las cosas de la familia se quedan familia”.
Los menores, apoyados por sus respectivas madres, negaron las acusaciones pero pruebas periciales confirmaron el abuso. Pese a la oposición de la abuela, la madre de la menor interpuso una denuncia ante la PGJE. Con esta acusación se reveló que los jóvenes ya habían violado a hermanas, primas de edades de 10 a 15 años. Incluso una de ellas –de 12 años- quedó embarazada y está a punto de dar a luz. Todo con la silente complicidad de madres y abuela.
De haber contado con unos meses más, los dos menores se habrían atenido a que el agente del Ministerio Público hiciera valer la ley que señala que los mayores de 14 años y menores de 18 pueden ser remitidos ante el juez, y éste puede determinar si es viable su traslado al centro de internamiento de Chetumal.
Con fuertes críticas, pero también con sectores que muestran apoyo a no tratarlos como delincuentes “mayores”, los jóvenes fueron entregados a sus familiares para enfrentar los cargos de violación que se les imputan en libertad con las debidas reservas de ley.
Respecto al caso de JCRG y ROR, Gerardo Ortiz Barreto, vicepresidente de la organización no gubernamental de la Comisión Internacional de los Derechos Humanos (CIDH) señaló que la minoría de edad no implica que los jóvenes puedan evitar la ley, ya que de ser encontrados culpables serían acreedores a penas de ocho a 10 años de prisión, “aunque como lo estipula el artículo 177 (del Código Penal de Quintana Roo), el internamiento de un menor debe ser algo excepcional; en el caso de la abuela, como cómplice de los hechos (al solapar la conducta de los adolescentes), se debe a una conducta humana por la filiación y sería muy difícil acusarla”.
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