La Comisión Nacional de los Derechos Humanos dio a conocer el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2012, revela que únicamente en 65 de las 101 prisiones que se revisaron hay control por parte de las autoridades.
Los reclusos tienen las llaves de las celdas, deciden quién entra y qué áreas se pueden visitar; imponen castigos, impiden la visita íntima y la entrada de los abogados defensores de los reclusos; cobran protección y tienen el control de los penales porque hay colusión y complicidades de funcionarios. Hay autogobiernos y cogobiernos (grupos de reos organizados), en algunos casos liderados por integrantes del crimen organizado que tienen el control de la seguridad interna, así como de las actividades y servicios que se dan en estos centros de reclusión.
Corrupción, impunidad, hacinamiento, presos inocentes y culpables, tráfico de drogas en los penales, complicidad de autoridades con delincuentes y una burocracia exacerbada son los principales obstáculos para la reforma del sistema penitenciario en México. Al interior de 49 centros se realizan actividades ilícitas, existen zonas de privilegio, donde hay presencia de objetos y sustancias prohibidas, prostitución, grupos o personas que ejercen violencia o control sobre el resto de la población.
Los penales con peores condiciones son Tamaulipas, Nuevo León, Sinaloa Zacatecas y Oaxaca, debido a “la ineficiencia, abandono y tolerancia de las autoridades responsables de las prisiones, que no cumplen debidamente con su función y responsabilidades.Entre los mejor calificados se encuentra Aguascalientes, Guanajuato y Colima.
En el Diagnóstico nacional de supervisión penitenciaria 2012, la CNDH destacó que
“Si bien es cierto existe un repudio, estigmatización y desprecio social, hacia todo lo que tiene que ver con las personas que cometen delitos y se encuentran en las cárceles, sobre todo ante el embate cotidiano de la delincuencia y la ineficacia de los cuerpos policiales para combatir y prevenir los delitos, lo es también que ése desprecio social ha provocado que sean espacios alejados del ojo público, así como de la supervisión y monitoreo por parte de las unidades administrativas e instituciones fiscalizadoras de control de recursos y ejercicio del gasto, dejando amplios espacios para la corrupción e impunidad, generadoras de una enquistada subcultura burocrática y penitenciaria de extorsión, violencia y desatención prevaleciente en el sistema penitenciario nacional, que se traduce en condiciones de riesgo y maltrato para gran parte de la población penitenciaria, el propio personal que labora dentro de los centros penitenciarios, sujetos muchas veces a amenazas y presiones, así como las personas que visitan a los internos, y que implican adicionalmente violaciones a los derechos humanos de las personas privadas de libertad”.
Para elaborar el informe de la CNDH se realizaron entrevistas con directores o encargados de las prisiones, con custodios y personal de seguridad, quienes en algunos casos se resistieron a acompañar a los visitadores en sus recorridos de campo para constatar la situación prevaleciente en las instalaciones. No se logró recorrer en su totalidad los centros, debido a que los internos tenían llaves de los candados de algunas áreas, como dormitorios, talleres o gimnasios. Además de que cartones y cobijas impedían la visibilidad hacia el interior de las celdas.
Un problema persistente en los sistemas penitenciarios es el hacinamiento, esta sobrepoblación origina otros problemas: riñas frecuentes de toda magnitud, abusos, corrupción que propicia la venta de toda clase de privilegios, que en condiciones normales no serían tales, sino lo común en un centro penitenciario con espacio suficiente y la falta de seguridad. Desde luego, el tráfico interno de drogas se incrementa y su control se dificulta en proporción directa al hacinamiento.
Mientras que, en Suecia las cárceles cierran por falta de reos y en el mundo las prisiones son muy lujosas, aquí las instalaciones penitenciarias son las mismas, no hay cambios importantes en la legislación y preparación del personal de custodia, seguimos en la mentalidad de castigar y cumplir penitencia; en lugar de concentrarnos en la rehabilitación de los reclusos y en la prevención del crimen. Lo más grave es la constante en todo el sistema judicial: la corrupción e impunidad de nuestros funcionarios.