El pasado 12 de julio se registró una tragedia atribuible totalmente a la omisión, falta de atención y corrupción de las autoridades: se abrió un socavón en el Paso Exprés Tlahuica, en Cuernavaca, Morelos, que cobró la vida de dos personas que se dirigían a trabajar. La vialidad se entregó tarde, costó más del doble de su presupuesto original, presentó irregularidades durante su construcción y no se atendieron las quejas y denuncias sobre su funcionamiento y estado a tiempo. Los responsables directos se echaron la pelotita. Graco Ramírez, gobernador de la entidad y aspirante presidencial, indicó que la obra se entregó sin estar concluida, mientras que Gerardo Ruíz Esparza, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes aseguró que el mandatario había presionado para nombrar a José Luis Alarcón Ezeta como delegado estatal de la SCT. El hilo se rompió por lo más delgado y, a la fecha, el único que ha perdido su puesto ha sido el funcionario que pasó de ser profesor de inglés a delegado de la secretaría.
Entrevista tras entrevista, Ruíz Esparza declaró que él no tenía conocimiento de lo que estaba ocurriendo en el Paso Exprés, aunque se llevarían a cabo las respectivas investigaciones para conocer si se habían incurrido en fallas. A 16 días de lo ocurrido, el secretario informó que los resultados preliminares del peritaje por el socavón muestran que, en efecto, sí hubo fallas y omisiones por parte de funcionarios públicos, además de las empresas constructoras Epccor y Aldesa. El responsable de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes adelantó que el gerente y el supervisor del proyecto enfrentarían severas responsabilidades por el hoyo que se formó en la vialidad y que cobró la vida de Juan Mena López y Juan Mena Romero.
“A partir del resultado preliminar de la revisión técnica y de las investigaciones que la SCT ha realizado en el tramo afectado del Paso Exprés, así como de los dictámenes preliminares de peritos independientes, se han detectado posibles fallas, anomalías y omisiones de funcionarios públicos y del consorcio constructor. Y Aldesa y Epcoor”, dijo el funcionario federal durante la reunión de directores generales de centros de la dependencia. El secretario Ruíz Esparza declaró que también revisarán todas las carreteras del país para evitar accidentes como el sucedido en el Paso Exprés Tlahuica hace dos semanas y media. Apenas cuatro días después de la tragedia de Cuernavaca, se abrió otro socavón, ahora, en la carretera estatal Pinotepa Nacional- Corralero, en Oaxaca.
En la revisión de las carreteras participarán áreas de la misma SCT, con representaciones locales de la Comisión Nacional del Agua y Protección Civil. ¿Y qué va a pasar con el Paso Exprés Tlahuica? Todavía falta que la empresa KPMG realice una auditoría integral de la vialidad para poder identificar cuáles fueron los errores y conocer la calidad de la construcción. Estos resultados se sumarán a la investigación que realiza la Secretaría de la Función Pública, dirigida por Arely Gómez, y el peritaje independiente del Colegio de Ingenieros Civiles. Otra de las medidas tomadas por la SCT fue la de implementar exámenes trimestrales y más estrictos a los directores dentro de la dependencia federal. Como quien dice: “muerto el niño tapan el pozo”.
Ahhh, y siguiendo con los dichos populares: “sobre advertencia no hay engaño”. El funcionario que ha “servido por 48 años a México” y ha hecho “muchas cosas por este país” emplazó a los trabajadores de la SCT a no calabacearla y actuar con responsabilidad porque, de lo contrario, serán destituidos. Tal como le hicieron al delegado Alarcón Ezeta. Igual debería de aplicar la sabiduría refranera y “predicar con el ejemplo“.
Desde el Partido de la Revolución Democrática han pujado para que Ruíz Esparza rinda cuentas sobre el socavón. El diputado Rafael Hernández Soriano presentó una solicitud de juicio político contra el miembro del gabinete del presidente Enrique Peña Nieto por su probable responsabilidad en el hecho. El legislador perredista indicó que su destitución es necesaria para evitar más daños al país. Por su parte, Alejandra Barrales, presidenta del así llamado partido del Sol Azteca, consideró, al finalizar su participación en la decimocuarta Feria de la Torta en la delegación Venustiano Carranza, que la responsabilidad legal de la tragedia es del titular de la SCT. Ahhh, aunque eso sí, le quitó culpa al gobernador Graco Ramírez, quien pertenece a las filas del PRD. “Es una actuación un tanto irresponsable; lo cierto es que legalmente la responsabilidad es muy clara, la responsabilidad es del secretario de Comunicaciones; las responsabilidades no se transfieren, por más intentos que hagan, eso es un tema de legalidad“.