Hoy se cumplen 5 meses del asesinato de seis personas y la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa en manos de policías municipales que presuntamente los entregaron a sicarios de la organización Guerreros Unidos el 26 y 27 de septiembre del 2014 en Iguala.
La verdad histórica, como la PGR llamó a sus conclusiones sobre la investigación, no la dicta la versión oficial. Ayotzinapa no es historia, conoceremos la verdad cuando entendamos con pruebas científicas y no con testimonios de criminales, lo que ocurrió y señalemos a todos los responsables, directos e indirectos.
Más que un acto aislado, el presunto asesinato de estudiantes representa la permisibilidad de una política asesina. Un Estado que permite la desaparición y el asesinato sistemático, es un Estado cómplice, que refuerza su poder, no cuidando o administrando la vida, sino mediante estas políticas de la muerte.
Días posteriores al 26 y 27 de septiembre, el gobierno federal intentó disminuir y aislar los hechos, primero reduciéndolos a un fenómeno municipal, en todo caso estatal. No fue sino hasta ocho días después de los sucesos que la PGR atrajo el caso.
Durante el primer mes después de los acontecimientos, la Procuraduría General de la República confirmó que el perredista José Luis Abarca, en ese momento alcalde de Iguala y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa eran autores intelectuales de los asesinatos y desapariciones, lo que puso en evidencia algo que desde hace años ha sido un secreto a voces: en muchas regiones del país las fronteras entre el crimen organizado y el Estado son tenues o incluso inexistentes.
Esta tragedia despertó la indignación de la sociedad mexicana, la gente exigía la aparición con vida de los estudiantes y el alto a la impunidad:
¿Qué cosecha un país que siembra cuerpos?
El gobernador perredista del estado de Guerrero, Ángel Aguirre, pidió licencia para retirarse del cargo. El 4 de noviembre, las autoridades reportaron la captura de pareja. No obstante, las investigaciones aún no arrojaban nada certero sobre el paradero de los 43 estudiantes. Ni la renuncia de Aguirre ni la captura de Abarca fueron suficientes para hacer que las protestas en el país disminuyeran.
Durante el segundo mes,el procurador General de la República, Jesús Murillo Karam dio a conocer a los medios de comunicación que los sicarios llevaron a los 43 normalistas a un basurero en Cocula dónde fueron asesinados e incinerados hasta dejar sólo ceniza como evidencia. Murillo Karam argumentó que la incineración prácticamente imposibilita la recuperación de muestras de ADN para la identificación de los restos. Fue durante la sesión de preguntas y respuestas de aquella conferencia que el procurador afirmó “ya me cansé”. Pronto, la ciudadanía reclamó la impertinencia de un comentario de esa naturaleza y se apropió la sentencia para expresar el hartazgo social que la inseguridad y la corrupción han generado. El 8 y 20 de noviembre, los manifestantes dijeron al unísono #YaMeCansé.
El 8 de noviembre, una marcha sin convocatoria previa logró conjuntar a decenas de miles en la Ciudad de México y más tarde, el 20 de noviembre, tuvieron lugar nuevas protestas en el país y fuera de él.
El tercer mes llegó en Navidad, 43 familias mexicanas no cenaron con sus hijos, protestaron frente a Los Pinos. Y ¿a quién se le ocurre protestar en Navidad? A un padre de familia de escasos recursos que mandó a su hijo a la escuela porque esperaba que con los estudios tuviera un mejor futuro y que ahora lleva 3 meses sin saber dónde está y qué cuando pregunta le dicen que la policía se lo dio a unos criminales para que lo mataran. Desde el 26 de septiembre para ellos, todos los días son iguales, son días de búsqueda.
A cuatro meses del incidente, las autoridades querían darle carpetazo al asunto, se logró comprobar científicamente la identidad de uno de los desaparecidos: Alexander Mora. No obstante, de acuerdo con las declaraciones hechas por los peritos argentinos, no existen evidencias suficientes para concluir que el estudiante fuera calcinado en un basurero ni para saber qué le ocurrió a los otros 42.
A cinco meses, sabemos que alguien pagó para que esto ocurriera, que los encargados de ejercer la violencia fueron las fuerzas de seguridad policiacas en complicidad con los sicarios y que tenemos un sistema de justicia que favorece a los criminales como “El Cepillo” ¿no tenemos elementos suficientes para pensar que Fue el Estado?
Ayotzinapa ocurrió porque alguien pudo pagarlo. Presionemos con demandas concretas como la tipificación del conflicto de interés como delito y creación de unidades ciudadanas de investigación patrimonial en cada estado. A todos nos duelen los bolsillos, más a los poderosos.
Los hechos ocurridos en Iguala y los culpables hablan por sí mismos, de cada uno depende extraer sus propias conclusiones y actuar o permanecer impávidos.
@plumasatomicas