A los legisladores de Morena no les bastó con que la Suprema Corte ya ordenó continuar con el proceso de la revocación de mandato. No. Quieren ver sangre y ahora buscan castigo a los consejeros del INE que dieron luz verde al intento de que dicho proceso no se realizara.
Tal y como lo advirtió el diputado Sergio Gutiérrez Luna, fueron denunciados ante la Fiscalía General de la República (FGR) los consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral (INE) que hace una semana votaron por la suspensión de la revocación de mandato.
De hecho, de acuerdo con Animal Político, el responsable de presentar dicha denuncia fue el propio Sergio Gutiérrez. Así que luego de hacer su tradicional video en el que presume lo que come (muy a la AMLO) y de dar su recomendación musical (usualmente metalera), el legislador morenista fue ante la FGR para denunciar a los susodichos por presunta coalición de servidores públicos y abuso de autoridad.
Igual que como advirtió al presentar la controversia constitucional que derivó en la reanudación de la revocación de mandato, Gutiérrez Luna presentó oootra denuncia contra los consejeros ante el órgano interno del INE. En este caso fue por presuntas irregularidades y faltas administrativas en la que no sólo incurrieron los consejeros electorales, sino también al secretario ejecutivo del órgano electoral.
Recordemos que exactamente hace una semana, los consejeros electorales del INE votaron a favor del acuerdo que suspendió el proceso de revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO). La justificación para dicha suspensión fue la falta de recursos para realizar el ejercicio.
Sin embargo, luego de que el diputado Sergio Gutiérrez metió una controversia constitucional contra dicho acuerdo (en su calidad de presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados), la Suprema Corte ordenó la reanudación de tocho, al considerar que la suspensión de la revocación de mandato viola el derecho a decidir… lo cual va en contra del artículo 29 constitucional que indica que “los derechos políticos no pueden ser restringidos o suspendidos de manera general”.
“En consecuencia, continúe con la organización y el desarrollo de la totalidad de las actividades del proceso de revocación de mandato hasta su conclusión con el presupuesto aprobado de 1,503 millones de pesos el cual constituye un indicador de viabilidad financiera”, ordenó la Suprema Corte al INE.
Entonces, pese a el INE aceptó acatar la orden de la SCJN, los consejeros tendrán que aclarar si hubo coalición para detener el tan polémico proceso.