Unos cuantos días después de que un tramo elevado de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México colapsarla dejando 26 muertos y decenas de heridos, la Organización Nacional de Responsabilidad del Estado (ONRE) presentó una demanda colectiva para exigir que se hiciera válido el contrato del seguro de responsabilidad de civil que contrató el Sistema de Transporte Colectivo Metro y se reparara el daño de manera integral a todas las familias afectadas.
A un año de esta lamentable tragedia, la acción colectiva de la organización sigue en pie para exigir que se haga pública para las víctimas la póliza de ese seguro y, a partir de ello, evaluar de forma integral la reparación del daño y hacerla efectiva para cada núcleo familiar que perdió a uno o más integrantes.

¿En qué va esta acción colectiva y qué es lo que quieren obtener? Nos echamos un cafesito con Dr. Alberto Guerrero, director de la ONRE y quien está a cargo de esta demanda colectiva para que nos explicara en qué estatus se encuentra tras un año.
La demanda colectiva tras la caída del Metro
Para empezar es importante aclarar que esta acción colectiva es un tema estrictamente civil que busca, en primer lugar, que se haga pública la póliza o el contrato del seguro de responsabilidad civil para las víctimas y poder conocer las condiciones, cláusulas y demás, a detalle.
A partir de eso, entonces elaborar un plan de reparación integral del daño y los alcances justos y adecuados de las indemnizaciones para las víctimas y sus familias.
De acuerdo con el cálculo de la organización, la suma asegurada estaría por arriba de los 4 mil millones de pesos aunque de acuerdo con Animal Político, quien solicitó el contrato por la vía de Transparencia, la suma límite de responsabilidad de la aseguradora con el Metro es de hasta 5 mil 318 millones de pesos.
Esta póliza de seguro, firmada entre el Metro y el Grupo Mexicano de Seguros, tuvo vigencia para todo el 2021.
“La postura ante un juez federal fue primero saber las condiciones del contrato del seguro para saber cuáles son los alcances de reparación del daño, pero la han escondido a toda costa. No ha habido manera de poder lograr tener esa póliza de seguro íntegra para poderle decir a las víctimas, miren, cobren aquí, cobren tanto, exijan a la aseguradora“, explica el doctor Guerrero.

De acuerdo con el doctor en Derecho, hay un proteccionismo muy claro en el Poder Judicial Federal y el Ejecutivo que se extiende también a las dependencias locales. Afirma que si desde el momento del accidente la aseguradora hubiera informado a las víctimas que había un seguro, les hubiera dado acceso a la póliza y los beneficios de ese seguro se hubieran aplicado, todo el proceso para las víctimas y sus familias habría sido un poco más sencillo.
“¿En qué estamos? No hemos avanzado porque lo primero que pedimos es esa póliza y aunque existe una legislación que dice que como tercero tienes derecho a conocer esa póliza, pues simplemente no la han hecho pública porque no les interesa que la aseguradora cumpla, les interesa protegerla, proteger un dinero que no es suyo porque es una empresa privada. Si hubieran tenido un poquito de más dignidad, lo hubieran hecho de otra manera”.
El director de la ONRE señala, entonces, que primero van a pelear el tiempo que sea necesario para que les entreguen de manera íntegra la póliza del seguro y a partir de ello analizar la reparación del daño adecuada para las víctimas directas e indirectas.
¿Pero no ya les dieron dinero a las víctimas?
Sí, pero de acuerdo con la Organización, no lo que las víctimas directas e indirectas tienen derecho.
De acuerdo con el sitio de Transparencia que implementó el gobierno de CDMX, para el proceso de indemnización el Sistema de Transporte Colectivo Metro ha soltado 45 millones de pesos para las 129 familias, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México (CEAVI) erogó 31 millones adicionales para “apoyos” y los acuerdos reparatorios de la Fiscalía con las empresas llegan casi a 300 millones de pesos.
Hasta el momento los acuerdos reparatorios que han aceptado el 90% de las víctimas con Grupo Carso, una de las constructoras de la Línea 12, son a cambio de que los afectados desistan de futuros procesos legales en su contra, sin embargo, los tratos son confidenciales.
En este mismo sentido, la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, explicó que las familias de personas que fallecieron recibirían una indemnización de al menos 650 mil pesos por parte de la póliza del seguro del Metro, eso demás de un apoyo de 50 mil pesos para gastos inmediatos.
Explicó que originalmente el seguro tiene un apoyo de 350 mil pesos por deudo pero que el gobierno solicitó a la aseguradora aumentar el monto y pasó hasta 650 mil pesos.
Entre que sí y que no, las familias habrían recibido un poco más de un millón en algunos casos y de ahí para abajo. Eso además de becas educativas y atención a su salud.

El asunto, según la ONRE, es que esto no está ni cerca de lo que se necesita. Explica que en una familia promedio, formada por papá y mamá, con tres hijos, donde falta el papá o la figura que provee el dinero al hogar, la indemnización tendría que estar por arriba de 10 millones de pesos por núcleo familiar tomando en cuenta la prohibición de la vida, todo lo que dejó de ganar la persona por lo que le restaba de vida, etc.
Afirma que les han ofrecido un millón de pesos por familia o una cifra cercana porque se aprovechan que las personas necesitan del dinero para continuar. Pero a final de cuentas les alcanzará para dos o tres años y listo ¿Qué va a pasar después?
En una conferencia de prensa el año pasado, el comisionado ejecutivo de Atención a Víctimas de CDMX, Armando Ocampo, explicó que en un inicio se contemplaban 350 mil pesos para las familias de los fallecidos, luego se consiguieron 650 mil pesos de la aseguradora, por lo que la cifra quedó en 870 mil pesos.
A eso se suman los 50 mil pesos otorgados para alimentación y otros apoyos, más un millón de pesos extra, por lo que la cifra total quedó en un millón 920 mil pesos para las familias de las 26 víctimas.
¿Ese dinero ya fue entregado? No sabemos. ¿Con ese dinero alcanza para el núcleo familiar para continuar con la vida como antes? Tampoco sabemos.
Es más, el director de la ONRE explica que solo por el contrato del seguro, los heridos debieron haber sido llevados a hospitales privados y no tendrían que haber, en algunos casos, pasar por el viacrusis de conseguir clavos, médicos, especialistas o insumos para su atención médica.
¿Por qué eso no lo cubrió el seguro de responsabilidad civil? “Así que nosotros no vamos a desesperar, vamos a insistir sobre que tienen que hacer del conocimiento de las víctimas el contrato del seguro, lo que sí pasaría es que descontarían las cantidades que ya han entregado. Nos dijeron que primero los pobres, pero no nos dijeron para qué”.
El Dr. Guerrero explica que cuando logren tener la póliza del seguro, entonces van a exigir que se cumpla de manera integral y si no se cumple, entonces la acción colectiva se enfocaría a ese asunto.
El 3 de mayo pasado, durante la instalación de un memorial en la zona cero del colapso, las víctimas directas e indirectas advirtieron que ninguna indemnización va a acabar con el dolor. Además, claro, de exigir justicia porque a un año no hay nadie en prisión y no hay garantías de que esto no vuelva a ocurrir.

