Por Raúl Bravo Aduna
El pasado 1 de agosto se realizó en México la primera consulta popular organizada por el INE y con todas las de la ley. A según a quien se pregunte, este ejercicio de democracia participativa fue un rotundo éxito, un rotundo fracaso o rotundamente intrascendente. Al convocar a 7% del padrón electoral (de un 40% necesario para que fuera vinculante), se ve como un éxito el instrumento mismo; es decir, al hecho de que adquirimos una expansión de derechos políticos. En ese mismo número se ve el fracaso de una pregunta ininteligible para llamar a los ciudadanos a emitir su opinión. Su intrascendencia recae en pensar que para qué preguntar la “obviedad” de que se aplique la ley a quien la viole. Sin embargo, apenas calentamos motores para los próximos 7 meses de jaloneo político que nos esperan: la antesala a la revocación de mandato en marzo de 2022.
Desde campaña el ahora presidente López Obrador prometió que se sometería a una revocación de mandato cada dos años. “El pueblo pone y el pueblo quita” es la lógica detrás. Al ver que quizá era demasiado costoso organizar este tipo de ejercicio cada dos años, reformuló para que sólo fuera una vez a la mitad del sexenio. Originalmente, pretendía que se llevara a cabo al mismo tiempo que las elecciones intermedias (las que acaban de pasar en junio pasado), pero la opinión pública (no sin razón) intuía que eso presentaba una inequidad electoral fragante. Con López Obrador en la boleta, la cargada hacia Morena podía ser mayor de lo que vimos en las urnas este 2021. Y fue así que en 2019 se reformó la constitución para incluir a la revocación de mandato (y a las consultas populares) como un mecanismo de democracia participativa con posibilidad vinculatoria.
A contrarreloj
Inmediatamente después de que se dieron a conocer los resultados de la consulta popular, López Obrador comenzó a mencionar a la revocación de mandato como su siguiente proyecto político. Le ha pedido a la oposición™ que se una para sacarlo de Palacio Nacional. Ha repetido la importancia histórica del ejercicio democrático. Y, qué duda cabe, está listo para echar al asador toda la carnita morenista para que sea un ejercicio que le pueda servir como ratificación para sus últimos dos años. El ojo está puesto en marzo de 2022, pero no todo está listo para que suceda. De entrada, a la fecha no hay una ley secundaria que establezca claramente las reglas del juego para la revocación de mandato.
El Senado tenía pensado mover la discusión a septiembre, en su siguiente periodo ordinario; no obstante lo anterior, Morena ha empujado por un periodo extraordinario de sesiones para poner el debate sobre la mesa. Aunque PAN, PRI y Movimiento Ciudadano rechazan esto, existe la posibilidad de que mañana, lunes 16 de agosto, las comisiones unidas de Gobernación y Estudios Legislativos se reúnan a articular la ley faltante. Urge que esto suceda, porque, para que haya de hecho la consulta de revocación de mandato, el INE debe primero recopilar firmas del 3% del listado nominal para avalarla; asimismo, publicar los lineamientos desde el árbitro electoral para la consulta. Hecho eso, el INE tendrá que prepararse para montar un número igual de mesas al de las elecciones de junio, esperando un voto masivo. Para que sea vinculante el resultado, tiene que votar 40% del padrón.
¿Qué implica?
A diferencia de la consulta popular, la pregunta en marzo se imagina sencilla: que López Obrador termine su sexenio o se vaya a su rancho más temprano. Pero los problemas que presenta son significativos. En primer lugar, le pone en bandeja de plata al presidente lo que mejor sabe ejecutar: campañas políticas. En este caso, contra nadie o contra los enemigos que le den la gana. Y, en ese sentido, se presta a extrapolar algo que ya llevamos 3 años atestiguando: una administración que continuamente confunde comunicar con gobernar. En segundo lugar le da una oportunidad rara a las oposiciones de unirse bajo una misma causa, similar a los pocos éxitos que lograron cosechar en las elecciones de este 2021. La fragmentación que se ha visto en el sexenio de pronto podría reducirse y darles nueva vida.
Por último, y quizá éste es el punto más relevante, la revocación de mandato abre la puerta a una incertidumbre innecesaria. Parece imposible, pero imaginemos que López Obrador pierde la consulta. ¿Qué pasa? El presidente del Congreso asume funciones por un mes y Cámara de Diputados y Senado (ambos con mayoría morenista) tienen que designar a un nuevo mandatario para los últimos dos años de gobierno. En medio de crisis, económica y sanitaria, avasalladoras, lo último que necesitamos es que el gobierno deje de pensar en, pues, gobernar. Esto lleva a otra pregunta igualmente interesante: ¿por qué quitarle la responsabilidad ética de terminar su chamba a quien se eligió, de saque, por un periodo determinado de tiempo?
Más allá de López Obrador
A veces parece que la autodenominada 4T olvida que cuando legisla no lo hace solamente para López Obrador. La revocación de mandato, aunque en principio suene a un mecanismo de democracia participativa empoderador para la ciudadanía, puede traer consigo consecuencias insospechadas. Si las futuras administraciones presidenciales se dividen en dos trienios, separados por esta consulta, es muy probable que todas las decisiones tomadas en los primeros tres años de gobierno vayan encaminadas a lo que es popular y no a lo que es urgente o necesario. De igual manera, crea incentivos perniciosos en el ecosistema político a sabiendas que se puede tumbar a un mandatario por esta vía. Es un mecanismo que, a la larga, puede erosionar la de por sí endeble institucionalidad democrática de nuestro país; por supuesto, sin olvidar que sería posible quitar a un gobernante con una cantidad considerablemente menor de votos de los que le dieron la presidencia.
Lo más seguro es que la consulta de marzo del próximo año sólo ratifique a López Obrador como presidente, con o sin el 40% del padrón que se necesita para que la revocación de mandato sea vinculante. Quizá se puede volver un instrumento interesante para nosotros como ciudadanos. Pero la realidad es que, por el momento, no parece más que una excusa para extender el circo político de manera legal por más meses y que de muy poco servirá.