De hecho, esta es la segunda vez que la Fiscalía General de la República (FGR) solicita orden de captura en contra de 31 exmiembros del Foro Consultivo, Científico y Tecnológico (FCCyT) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) a quienes acusa de delincuencia organizada y lavado de dinero (al parecer, incluso en contra de lo que ha señalado la Suprema Corte… acusan algunos investigadores).
Según señala Reforma, la FGR solicitó la orden en contra de los funcionarios del CONACYT, luego de que la actual titular de la dependencia, María Elena Álvarez-Buylla Roces, denunció que exintegrantes del mencionado foro recibieron recursos ilegales durante la administración de Enrique Peña Nieto.
La suma que supuestamente recibieron los investigadores integrantes del FCCyT durante los seis años del gobierno de EPN asciende a 244 millones de pesos. Sin embargo, al parecer, hasta el momento la FGR no ha logrado armar un caso sólido… de ahí que la primera solicitud de órdenes de aprehensión le fue rebotada.
De acuerdo con Reforma, el juez le señaló a la fiscalía que en su carpeta de investigación no acreditó la competencia por territorio de los jueces (aparentemente quieren mandar a los investigadores directo a Almoloya)… además de no ser preciso en los hechos delictivos atribuidos a cada uno de los imputados. Para acabar de rechaza el expediente, se le indicó a la FGR que los datos de prueba no eran específicos. Hasta el momento se desconoce si jaló este nuevo intento de obtener las órdenes de aprehensión en contra de los miembros del FCCyT del CONACYT.
Investigadores del CONACYT piden detener persecución
Aunque en primera instancia no luce tan mal que se investiguen este tipo de casos, al interior del CONACYT (y desde hace tiempo) ven que la directora , María Elena Álvarez-Buylla Roces, así como el titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, se traen algo contra académicos e investigadores.
En una petición publicada en change.org, investigadores acusan que, pese a que hasta la Suprema Corte ya dijo que no hubo nada de ilegal en el otorgamiento de recursos al FCCyT, tanto Álvarez-Buylla como Gertz Manero siguen en las mismas.
“El sentido de la resolución del máximo tribunal de justicia en el país no fue obstáculo para que, siete días después de emitida, la Fiscalía General de la República, a cargo de Alejandro Gertz Manero, solicitara al juez del Centro Federal de Readaptación Social Número 1 “El Altiplano” la orden de aprehensión por uso de fondos “de procedencia ilícita” en contra de las 31 personas acusadas”, acusan los investigadores firmantes en la petición que casi alcanza las 10 mil rúbricas.
En la petición también se denuncia que la FGR esté pidiendo que la causa se mande a un penal de máxima seguridad, el cual está destinado a delincuentes de la más alta peligrosidad. Esto, acusan, es muestra de que “el fiscal general está tratando de atemorizar a quienes, desde la comunidad académica, han expresado pública y abiertamente sus diferencias con las actuales políticas del Conacyt” .