Por Raúl Bravo Aduna
El outsourcing, o subcontratación laboral, lleva algunos meses (no sin polémica) al centro de los ciclos noticiosos en México. Desde noviembre de 2020, López Obrador anunció que se eliminaría la subcontratación. Esto mediante una iniciativa expansiva que reformaría distintas leyes adyacentes al tema; particularmente, la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, la Ley del Infonavit, el Código Fiscal de la Federación, la Ley del Impuesto sobre la Renta y la Ley del Impuesto al Valor Agregado. El foco de la probable reforma se encontraba en tres temas principales. Primero, incorporar a trabajadores subcontratados a nóminas de empresas contratantes para darles pleno acceso a derechos laborales; segundo, asegurar un justo reparto de utilidades; tercero, evitar la evasión fiscal por parte de empresas de outsourcing que se dedican a la colocación de personal en otras unidades económicas.
Una vez dado el aviso, la iniciativa privada en general reaccionó en contra de esta posible reforma; especialmente, tomando en consideración problemas de productividad a partir de la eliminación de estos esquemas de subcontratación. A lo largo de los últimos 5 meses, por ello mismo, ha habido una negociación tripartita constante entre empresarios, sindicatos y gobierno a propósito del outsourcing para llegar a un acuerdo. Y así, se contempla que el próximo martes, 13 de abril, se discutirá (y probablemente aprobará) en la Cámara de Diputados el proyecto de ley que busca regular la subcontratación en México. Todavía hay algunas dudas sobre cómo es (¿o será?) el texto final que será aprobado; sin embargo, hay varios elementos que ya están sobre la mesa de esta reforma; una que pretende ser, junto a la de hidrocarburos, uno de los últimos cambios legislativos considerables antes de las elecciones del 6 de junio.
A todo esto, ¿qué es el outsourcing?
De saque, hablar de outsourcing en México es complicado. Se trata de un concepto que abarca prácticas que, aunque a veces se traslapan y complementan, no son siempre lo mismo. Es un paraguas que refiere, en ocasiones indistintamente, a la “tercerización”, la “subcontratación”, la “externalización”, la “reubicación”, incluso el insourcing, de partes de la producción de una empresa. Haciendo a un lado las palabrotas técnicas, es un modelo que, como bien explica Luis F. Munguía, “permite a las empresas contratar a otra para realizar partes del proceso productivo en las que no están especializadas, o para contratar servicios de apoyo a su producción”. Van algunos ejemplos concretos: una empresa especializada en producción de contenido audiovisual contrata a otra empresa para que le lleve los impuestos, a otra más para que dé servicios de limpieza en sus oficinas y a otra que le ofrezca un servicio de cafetería.
En nuestro país, queda estipulada en la Ley Federal del Trabajo en su artículo 15-A: “El trabajo en régimen de subcontratación es aquel por medio del cual un patrón denominado contratista ejecuta obras o presta servicios con sus trabajadores bajo su dependencia, a favor de un contratante, persona física o moral, la cual fija las tareas del contratista y lo supervisa en el desarrollo de los servicios o la ejecución de las obras contratadas”. Para poderse catalogar como “subcontratación”, en la relación laboral deben cumplirse tres condiciones. a) No puede abarcar la totalidad de las actividades de la empresa; b) Debe justificarse por su carácter especializado; c) No puede comprender tareas iguales o similares a las que realizan el resto de los trabajadores al servicio del contratante. Y es en estos puntos que la cosa se pone peluda.
¿Qué pretende la reforma al outsourcing México?
Entre prácticas que rayan la ilegalidad, un montón de empresas hacen uso de mecanismos para castigar los derechos laborales de sus trabajadores y evadir sus responsabilidades fiscales. En rigor, la ley a aprobarse busca poner ciertos candados a malas prácticas en términos de outsourcing. En cierto modo, pretende que haya una mayor supervisión de los modelos de subcontratación en nuestro país; particularmente, para las empresas que se dedican a la colocación de recursos humanos. Por un lado, que los servicios especializados sean los únicos permitidos en esta modalidad; es decir, que una empresa no subcontrate a trabajadores de su propia razón social. Por otro, aumentar la base tributaria en México; con ello, evitar la evasión fiscal y de responsabilidades patronales por medio de modelos de outsourcing.
Igualmente, es una reforma que, en teoría, quiere regularizar el status legal de trabajadores que, para efectos prácticos, son parte de una empresa, aunque el entramado jurídico detrás de sus relaciones laborales no lo indique. En ese sentido, la inclusión de estos trabajadores en las nóminas oficiales supondría la adquisición de derechos de antigüedad, de seguridad social (cotizar en el IMSS y el Infonavit, por ejemplo) y que la empresa—no la subcontratista—sea la responsable solidaria frente al contrato. Además, que haya un reparto de utilidades real, que fue topado a tres meses de salario o el promedio de lo recibido en los últimos tres años. En un país con más de 4 millones de personas subcontratadas (el cuarto país con más empleados en esta modalidad), no parecen más que buenas noticias que se avance en la regulación del outsourcing.
¿Y entonces cuál es la polémica?
Si se pueden erradicar prácticas como la evasión fiscal, la facturación falsa y el daño a los derechos de los trabajadores con esta reforma, ¿por qué ha despertado tanta polémica su muy probable aprobación esta semana?
Más allá de que impactará la productividad de grandes empresas que han hecho del outsourcing un modelo de reducción de costos y de evasión de responsabilidades, lo cierto es que este tipo de cambios nunca pisa parejo. Las pequeñas y medianas empresas de nuestro país, sobre todo las de menos de 10 empleados, han encontrado en la subcontratación modelos de subsistencia más que de gandallismo: al poder transferir las cargas fiscales y laborales a subcontratistas, logran mantenerse a flote. Una reforma al outsourcing en México demasiado agresiva puede representar una carga que les dé la estocada final. Sobre todo, en un contexto en el que la pandemia por covid-19 ha trastocado profundamente a ese sector productivo de nuestro país; por supuesto, algo que puede repercutir a un mercado laboral que en su conjunto apenas empieza a recuperarse.
De igual manera, las empresas (de nuevo, pensemos en las más pequeñas y no en los grandes magnates) que tengan que absorber en sus nóminas estas cargas fiscales y responsabilidades patronales probablemente pasarán la carga de esa pérdida de utilidades a sus consumidores; es decir, el aumento de precios en los procesos productivos se verá reflejado en un aumento de precios en productos finales. Una estrategia empresarial que ya se prevé desde el año pasado. Por último, la inversión de capital extranjero en México puede espantarse al preferir buscar otras opciones de países (sobre todo para manufactura) en los que no se tenga que aprender a jugar con nuevas reglas laborales.
¿Adiós al outsourcing?
La iniciativa sobre outsourcing a discutirse y aprobarse el martes es interesante, por decir lo menos. A la larga, puede generar dinámicas laborales que privilegien a los trabajadores mexicanos; de entrada, dándoles pleno acceso a derechos básicos de seguridad social. No obstante, también es probable que, inmediatamente, la respuesta del mercado laboral no sea la más óptima. Manpower estima que, con la entrada en vigor de la nueva ley, de los 4 millones 600 mil empleos bajo subcontratación, de manera directa se perderán 460 mil puestos, mientras más de 2 millones de personas pasarían a esquemas sin seguridad social en absoluto (honorarios, derechos de autor, etcétera). Más o menos, sólo un millón 380 mil se integrarían a la nómina de empleados de base. Al final del día, no se legisla en un vacío y las formas de gandallismo son múltiples en nuestro país.