Con las intenciones de realizar un proceso de este tipo a Lorenzo Córdova, Ciro Murayama y Gertz Manero, muchos se han preguntado qué es y cómo funciona un juicio político en México, por lo que acá te explicamos más o menos de qué va.
¿Qué es un juicio político?
De acuerdo con el Sistema de Información Legislativa (SIL), el juicio político es un procedimiento de orden constitucional que en México realizan la Cámara de Diputados, como órgano de acusación, y la Cámara de Senadores, como órgano de sentencia.
Sí, solamente cuando los actos u omisiones de los servidores públicos, señalados por el artículo 110 constitucional, tengan perjuicio en los intereses públicos fundamentales por violaciones graves a la Constitución, a las Leyes Federales que de ella emanen, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales.
¿Cuáles son los motivos por los que se puede hacer un juicio político?
Según la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, algunos de los motivos para hacer un juicio político en México son:
- Ataque a las instituciones democráticas
- El ataque a la forma de gobierno republicano, representativo, federal
- Violaciones a los derechos humanos
- Ataque a la libertad de sufragio
- Usurpación de atribuciones
- Cualquier infracción a la Constitución o a las leyes federales cuando cause perjuicios graves a la Federación, a uno o varios Estados de la misma o de la sociedad, o motive algún trastorno en el funcionamiento normal de las instituciones
- Las omisiones de carácter grave, en los términos de la fracción anterior
- Y las violaciones sistemáticas o graves a los planes, programas y presupuestos de la Administración Pública Federal
Aunque indican que cualquier persona puede realizar una denuncia contra un servidor público ante la Cámara de Diputados por todas las conductas que están aquí arriba; explican que el juicio político solo podrá comenzarse durante el tiempo en que el funcionario esté en su cargo y dentro de un año después de que terminara sus funciones.
“Las sanciones se aplicarán en un plazo no mayor de un año, a partir de iniciado el procedimiento”, señalan.
¿Cuáles son las sanciones?
En caso de se declare una resolución condenatoria en el juicio político, sancionarán al servidor con la destitución de su cargo. Además, también podrán imponerse inhabilitación para el ejercicio de empleos, cargos o comisiones en el servicio público desde uno año hasta veinte años.
Los que pueden estar sujetos a un juicio político son: senadores y diputados al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los consejeros de la Judicatura Federal, los secretarios de Despacho; también el fiscal general de la república, los magistrados de circuito y jueces de distrito; igualmente el consejero presidente, los consejeros electorales y el secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, los magistrados del Tribunal Electoral, los integrantes de los órganos constitucionales autónomos, los directores generales y sus equivalentes de los organismos descentralizados; así como empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a éstas y fideicomisos públicos.
No solo eso, también pueden estar sujetos los siguientes cargos: los ejecutivos de las entidades federativas, diputados locales, magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales; igual miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, así como los miembros de los organismos a los que las constituciones locales les otorgue autonomía.
En este caso, sólo podrán ser sujetos de juicio político por violaciones graves a la Constitución y a las leyes federales que de ella emanen, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales, pero… será únicamente declarativa y se comunicará a las legislaturas locales para que, en ejercicio de sus atribuciones, procedan como corresponda.
Ya para acabar, cabe señalar que apenas el pasado 9 de marzo se decidió que la Subcomisión de Examen Previo será la instancia de la Cámara de Diputados encargada de dictaminar la procedencia de solicitudes de juicio político y que los legisladores acordaron su formación para la LXV Legislatura.