Por Raúl Bravo Aduna
A lo largo de las últimas semanas hemos visto en la Cámara de Diputados y en el Senado una intensa actividad legislativa en temas de suma relevancia para nuestro país: reformas que impactan a la industria eléctrica, al outsourcing, a Pemex y a los hidrocarburos, a la FGR, al Poder Judicial y lo que se acumule estos días; igualmente, iniciativas como la de la cannabis o la del tabaco han sido relegadas hasta septiembre. La lógica de tanto movimiento es sencilla. Quedan pocas semanas activas de la LXIV Legislatura, en la que Morena y aliados cuentan tanto con mayoría absoluta como calificada en el Congreso. Y a poco más de 40 días para las elecciones del 6 de junio, todo parece indicar que habrá alguna reconfiguración en Diputados; menor, sin duda, pero que podría quitarles las dos terceras partes con las que cuentan actualmente.
Así pues, es difícil seguirle el ritmo a nuestros legisladores estos días. Por ejemplo, el cambio que amplía la presidencia de Arturo Zaldívar en la Suprema Corte de Justicia para empatar con el sexenio completo de López Obrador se metió de último momento ya en el cierre de la votación sobre el Poder Judicial. Y aunque sin un “albazo” de por medio, mientras los ojos estaban puestos en la reforma general a la Ley de Hidrocarburos (que ya se aprobó, por cierto), la Cámara de Diputados aprobó otra modificación a la misma ley. Esta segunda iniciativa busca desencadenar a Pemex de la regulación asimétrica a la que es forzada desde 2014 por la Comisión Reguladora de Energía (CRE).
¿Y qué es la regulación asimétrica?
En la reforma a Pemex de 2013, que abría el mercado de las gasolinas a la iniciativa privada en nuestro país, se incluyó un artículo transitorio (el decimotercero) en la Ley de Hidrocarburos que buscaba poner un “piso parejo” para todos los actores en el sector. Para ello, la CRE sujetaría las ventas de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos a los principios de la mentada regulación asimétrica, para limitar el poder dominante, claro y obvio, de Pemex en nuestro país. La idea era que, al tener de por sí el monopolio de las gasolinas, la paraestatal necesitaba ciertos candados para permitir la participación de agentes económicos privados sin tener que depender de decisiones unilaterales de Pemex; particularmente, en la fijación de precios en la distribución y venta de gasolinas.
Para decirlo mal y rápido, no se quería dejar a Pemex ser el proverbial niño que se lleva su balón en el recreo cuando se enoja. Al tener el control de gran parte del suministro y distribución, se entendió en aquel momento que no podía participar igual que otros agentes económicos en el mercado; por tanto, se facultó a la CRE para tener ciertos controles sobre la participación de Pemex en él, para propiciar un desarrollo competitivo. Se le pasó el control del balón al profe, para que cualquier berrinche no afecte el flujo del partido.
¿Y cuál fue el cambio?
En la Cámara de Diputados se aprobó un cambio sustancial a este transitorio, que se prevé será pasado por el Senado el 26 de abril en fast-track. “Al haberse logrado una mayor participación de agentes económicos que propicien el desarrollo eficiente y competitivo de los mercados, se deja sin efectos la facultad otorgada a la Comisión Reguladora de Energía para sujetar a principios de regulación asimétrica las ventas de primera mano de Hidrocarburos, Petrolíferos o Petroquímicos, así como la comercialización que realicen personas controladas por Petróleos Mexicanos o sus organismos subsidiarios”. Es decir, como ya los otros participantes aprendieron a jugar, se vale regresarle al niño la posibilidad de llevarse la pelota cuando guste. Para decirlo de manera menos burda, Pemex recuperará ciertas herramientas de incidencia directa en el mercado de gasolinas en nuestro país, frente a comercializadores (que más bien son permisionarios) privados.
Hasta ahora, la CRE le dictaba a Pemex la aplicación forzosa de fórmulas de precios, que iban desde cómo vender y a cuánto, así como no dejarle ofrecer descuentos regionales (que podrían servir para comerse esos mercados). Los legisladores ahora estiman que los otros participantes ya se han afianzado en México y, por lo mismo, ahora les tendría que tocar competir con la paraestatal con todas sus fuerzas y ventajas. En la forma previa de regulación asimétrica, por ejemplo, Pemex estaba obligada a celebrar hasta cinco contratos para poder vender sus gasolinas, mientras que las empresas privadas podían hacerlo sólo con uno; igualmente, debía publicar anticipadamente sus precios de venta y condiciones comerciales, mientras que sus competidores podían hacerlo sobre la marcha.
¿Y cuál es el problema?
El mercado de gasolinas en México no es uno simplemente abierto. De hecho, los particulares que compiten en él deben hacerlo montados en la infraestructura de Pemex, lo que implica ciertos candados y complicaciones para ellos también. Nuestra paraestatal no sólo tenía (y tiene) el balón, también es dueña de la cancha, los fierros y hasta de los aguadores. En rigor, sólo otorga permisos para jugar. La regulación asimétrica la obligaba hasta cierto punto a competir en igualdad (muy relativa, por supuesto) de condiciones con los otros agentes económicos. Y, sobre todo, permitía que la flotación del precio al consumidor (o sea, nosotros) se determinara por el mercado mismo. Algo padrísimo cuando el sector en el mundo va a la baja, pero que también nos castiga rotundamente en momentos de volatilidad y crisis (como el que se vive ahora mismo).
Ahora Pemex, hecha a un lado la regulación asimétrica controlada por la CRE, podrá decidir cómo y a qué precio vender sus combustibles a las gasolineras y a privados. Aunque tal vez no suceda inmediatamente, el precio de la gasolina para nosotros podría aumentar, al imponerle mayores costos a quienes la comercializan. Igualmente, puede suceder en cualquier momento (como ocurría con los “gasolinazos”). Las otras marcas (Shell, G500, OXXO, etcétera) seguirán operando. De hecho, las gasolineras de Pemex no son del Estado, sino de empresarios que tienen la concesión. Pero si el mercado comienza a castigarlos sistemáticamente, se pueden prever ventas y fusiones que diluyan poco a poco su presencia en México.
¿Y por qué se hace el cambio?
La administración de López Obrador—no es noticia—está fascinada con Pemex y decidida a devolverle la grandeza de tiempos pasados. Por ello, la otra reforma a la Ley de Hidrocarburos (la grandotota, ahora sí) ha estado tan presente en el debate público a últimas semanas. En ella se busca también darle mayor control a Pemex, pero en ese caso para suspender los permisos para operar hidrocarburos de las empresas que pongan en riesgo la seguridad nacional, energética y la economía nacional. El problema es que no quedan claros cuáles serían esos riesgos; por lo mismo, a muchos les suena que podría abrir la puerta a la expropiación indiscriminada. De tal modo, al igual que con la reforma a la industria eléctrica se prevé que no tarden en caer montones de amparos contra ella.
Se están sentando las bases para darle el mayor poder que se pueda a Pemex con miras a su preponderancia en las próximas décadas, en un mundo que pretende hacer exactamente lo mismo… pero en la dirección contraria.